En tierra de ciegos, Colombia es rey

Juan Camilo Serrano Valenzuela

Abogado y asesor tributario

Mucha incertidumbre han generado los anuncios sobre la actual coyuntura económica del país, optimistas unos y catastróficos otros, todos ellos aparentemente subsanables con la consolidación de acuerdos de paz con grupos insurgentes y, por supuesto, con una reforma tributaria que incrementará los recaudos, disminuyendo los impuestos de las empresas, según afirma el Gobierno Nacional.

Varias alertas generan preocupación sobre el futuro inmediato, como la nueva previsión de inflación para el 2016, en cifras del 5,5 %, recortes presupuestales de cerca de un punto del PIB, devaluación que en los dos últimos años alcanza casi el 100 %, déficit fiscal proyectado del 3,6 % del PIB y la balanza comercial negativa son cifras que permiten avizorar una muy crítica situación, toda justificada aparentemente por la disminución del precio del petróleo, sin considerar las observaciones de calificadoras internacionales.

Pero no son las cifras proyectadas lo que realmente preocupa, sino la pesimista percepción sobre el futuro, pues aunque el Gobierno ha insistido en que la situación económica es manejable, que no hay crisis, que la posición de las calificadoras era previsible y esperada, los ciudadanos están preocupados, porque las afirmaciones de las autoridades económicas no se ven materializadas en las decisiones gubernamentales y, por el contrario, se oponen a las que venimos padeciendo.

Decisiones que generan incertidumbre y desconfianza se han vuelto frecuentes, como las acciones desaforadas del Mintransporte, inventando bases gravables para el impuesto de vehículos con creativas metodologías de avalúo, sostenidas tercamente a pesar de ser evidentemente contrarias a la Constitución, o el incremento de las tarifas de la revisión técnico mecánica, que es un mecanismo impositivo, pero en favor de los privados que obtienen certificación para evaluar la situación mecánica de vehículos, con los resultados conocidos, ya que, en algunos casos, importa solo el pago del tributo y no la evaluación de los vehículos.

Resulta prometedora la consecución de acuerdos que poco a poco desacelerarán el conflicto y permitirán en el largo plazo el logro de la paz, así como el anuncio de una reforma tributaria estructural, que simplifique el sistema, racionalice la carga impositiva y facilite el cumplimiento de obligaciones a cargo de los contribuyentes.

En esta ocasión, el Gobierno parte de un importante insumo, como lo es el informe de la Comisión de Expertos creada por la Ley 1739 del 2014, pero carga el lastre de las amargas experiencias de las reformas tributarias aprobadas por el actual equipo económico, que resultaron muy eficientes en complicar el sistema sin resultados recaudatorios o eficacia en la aplicación del principio de progresividad ordenado por la Constitución Política.

Si bien el diagnóstico de la Comisión de Expertos es una buena base para proyectar un articulado de reforma tributaria, también lo es que esta no es la solución a los problemas que se advierten, pues es necesario estabilizar la tasa de cambio en niveles razonables, controlar la inflación, garantizar crecimiento sostenible, asegurar estabilidad jurídica para sostener la inversión o generar confianza en las autoridades económicas, tareas que no dependen de la situación de los vecinos.

El crecimiento económico proyectado con tendencia descendente, siempre justificada por el precio del petróleo, ciertamente resulta superior al crecimiento proyectado de la región y eso tranquiliza a las autoridades económicas, para quienes aparentemente lo importante es crecer más que los demás, antes que garantizar un sostenido crecimiento económico que efectivamente mejore el nivel de vida de los ciudadanos.

Nos encontramos en una coyuntura seguramente mejor que otras economías de la región, lo que no significa que la sabiduría popular nos entronice como los reyes de la región, asumiendo que en tierra de ciegos, el tuerto es Rey.

Mantenemos la esperanza de una reforma tributaria seria y técnica, que se base en los preceptos constitucionales de eficiencia, equidad y progresividad tan desconocidas a veces por quienes tienen la responsabilidad de su aprobación, que facilite el cumplimiento  de las obligaciones y genere en los contribuyentes la cierta sensación de justicia en la contribución que el Estado de derecho impone.