TIC y segmentación como estrategia contra la evasión

Julio Roberto Piza Rodríguez

Profesor Universidad Externado de Colombia

Julio.piza@uexternado.edu.co

La tarea de recaudar impuestos es una función tan antigua como el mismo Estado, más aún desde el siglo pasado, porque los gobiernos ya no se sostienen con su patrimonio, sino primordialmente con los impuestos, y, para cobrarlos, cada vez invaden más la privacidad de los ciudadanos para conocer su situación económica, pues los impuestos provienen de los negocios, de las transacciones de bienes y servicios y, por tanto, de conocer también la riqueza acumulada por las personas.

Las transacciones, sus pagos y sus créditos circulan por los bancos y esa información constituye la materia prima con la cual la administración controla a los contribuyentes.     Justamente por razones administrativas, Colombia, hace 30 años, decidió reducir el universo de contribuyentes personales, sacrificando la progresividad, y apoyarse en el impuesto a la renta empresarial y en un IVA de base estrecha que solo grava la mitad de los bienes y servicios. Es decir, que paguen pocos en beneficio de un gasto que pretende tener una cobertura universal.

Sin embargo, a partir de 1991, para construir un Estado social de derecho, esa ecuación es insostenible, pero llevamos 25 años sin resolver esta asimetría. Ahora y más aún por la caída de la renta petrolera y el costo de un posconflicto que, sin duda, incrementará el gasto púbico, no lograremos fortalecer al Estado para construir progresivamente una sociedad más equitativa y más productiva, si no es con un mejor sistema tributario que requiere aumentar la contribución de los ciudadanos. La tarea comienza por un sistema normativo más moderno, un sistema informático más robusto, pero sustancialmente con un Estado con mayor legitimidad, capaz de recuperar la confianza de los contribuyentes.

Un sistema tributario estratégicamente diseñado exige normas que utilicen la tecnología segmentando a los contribuyentes de acuerdo con nuestra realidad socioeconómica. Por ejemplo, la idea de unificar el impuesto a la renta de sociedades en un solo impuesto a las utilidades empresariales debe aplicarse selectivamente, esto es, basarse en NIIF solo para las grandes empresas, poco más de 2.000 del grupo 1 y las 6.000 con utilidades superiores a 800 millones que pagan sobretasa de Cree, pues con ellas el Estado asegura sin mayor esfuerzo el 70 % del recaudo del impuesto. Las demás sociedades para efectos tributarios deben determinar su utilidad empresarial con base en su costo histórico, conforme al Decreto 2649.

Por otro lado, están las personas naturales, que componen el 90 % de los contribuyentes pero que solo representan el 18 % del recaudo y el 4 % de la población, por lo cual debe ampliarse, por lo menos, al 10 %. Sin embargo, un número importante que podrían contribuir a duras penas sobrevive, entre otras cosas, por los ahorros de la informalidad en cuanto ni se registran ni pagan impuestos, pero tampoco pueden crecer, porque no les otorgan créditos ni cubren con seguridad social a sus empleados y, para completar, viven amparados en el régimen simplificado del IVA. Ha habido muchos intentos de incluirlos en el sistema tributario, es hora de hacerlo bien hecho, sencillo, comprensivo y, sobre todo, amigable. Esto es, debe tener una tasa única muy baja, a efectos de lograr sus objetivos esenciales, formalizar, incluir y proveer información al Estado, y no solo para efectos impositivos, también para focalizar correctamente los subsidios de la política social. Pero, para que de verdad sea monotributo, debe ser voluntario, debe alinear los umbrales a partir de los cuales se exige la calidad de contribuyente y debe incluir no solo los impuestos de renta, consumo e IVA, sino también ICA y seguridad social. De contera, puede ser útil en el nivel local para el control de sus impuestos a la propiedad, predial y vehículos.