ambitojuridico.com y LEGISmóvil hacen un recuento en audio de las intervenciones más destacadas de la audiencia convocada por la Corte Constitucional el pasado 25 de julio.
ambitojuridico.com y LEGISmóvil hacen un recuento en audio de las intervenciones más destacadas de la audiencia convocada por la Corte Constitucional el pasado 25 de julio.
El acuerdo contempla la entrega a Ecuador de una contribución económica orientada a fomentar el desarrollo social y económico en las áreas de frontera.
El adoptivo solo puede ejercer estas acciones para demostrar que quienes pasaban por padres biológicos al momento de la adopción no lo eran en realidad.
Los errores o aciertos en su versión original o en sus revisiones, modificaciones o ajustes, se traducen necesariamente en la calidad de vida de los habitantes.
La función regulatoria no tiene en consideración realidades como el uso y el acceso de la tierra y no considera que lo importante no es si hay trabajo dependiente o no; sino si este es digno y justo.
El hecho de que un residente pueda adquirir un seguro en el exterior, pero sin que la compañía lo ofrezca en el mercado nacional, implica que no estará sujeta al control de las entidades colombianas.
El hecho de que un residente pueda adquirir un seguro en el exterior, pero sin que la compañía lo ofrezca en el mercado nacional, implica que no estará sujeta al control de las entidades colombianas.
Para que cese el oprobio, antes que esta tesis haga carrera, el Congreso de la República tiene la palabra.Para que cese el oprobio, antes que esta tesis haga carrera, el Congreso de la República tiene la palabra.
Nadie quiere acabar con la minería artesanal. Hay que diferenciar entre extracción criminal y minería desarrollada por pequeños grupos de personas, afirma la presidenta del a ANM.
La sentencia muestra las interpretaciones disonantes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en cuatro aspectos: beneficiarios, IBL, factores de liquidación y tope de las pensiones del régimen de transición.
La ilegalidad minera, que llega a un 63 % y está concentrada en la explotación de oro, viene causando un elevado y preocupante impacto negativo sobre el medio ambiente.
Lo que se debe determinar es el tiempo laborado en entidades oficiales, sin importar que haya sido o no objeto de aportes a entidades de previsión o seguridad social.
Si bien para el Gobierno el caso del indulto a Fujimori está políticamente “cerrado”, en el plano dogmático han quedado temas abiertos para ulteriores investigaciones.
Poco se ha hablado del punto más álgido del proyecto, el cual se basa principalmente en la terminación unilateral de los contratos de trabajo sin justa causa.
El modelo actual de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos hizo crisis, opina este experto en propiedad intelectual y nuevas tecnologías.
En las elecciones de Presidente y Vicepresidente se restringe toda la contratación directa que realicen las entidades del Estado, salvo las excepciones taxativamente consagradas.
La Judicatura podría asumir directamente investigaciones contra jueces, fiscales y abogados, sin que estos casos sean conocidos por los consejos seccionales.
Ante conductas atentatorias, el juez constitucional debe proteger el derecho a la objeción de conciencia, independientemente del origen de las convicciones que la sustentan.
Siempre es conveniente rediseñar procesos y eliminar etapas para que los esfuerzos se dediquen a las formas de ejecutar el control y la fiscalización..
Las TIC para el acceso a la justicia permitirán descongestionar los despachos, mejorar la calidad de las decisiones y conservar la memoria judicial como patrimonio histórico.
Aunque la Corte Constitucional y el legislador condicionaron el tratamiento de la información a la obtención del consentimiento expreso, el Decreto 1377 del 2013 podría flexibilizar esa exigencia.
Las nuevas técnicas de investigación forense son utilizadas no solo en materia penal, sino también en civil, administrativo, familia y comercial, entre otras áreas.
La Ley 820 del 2003 establece mandatos aplicables a todos los procesos de restitución de tenencia por arrendamiento, independientemente de la destinación del bien.
El Decreto 1377 del 2013 establece plazos para generar autorizaciones que, si no se dan, constituirían una especie de silencio positivo a favor de las empresas.
Darle una interpretación diferente al Decreto 699 del 2013 le negaría al contribuyente las posibilidades que la misma ley consagra para efectuar correcciones voluntarias.
La Corte señaló que la cosa juzgada constitucional es una atribución dada por la Carta Política de manera exclusiva a los fallos proferidos por esa corporación.
No se entendería que los jueces y magistrados de las demás jurisdicciones, quienes son personas versadas en leyes, sean destinatarios de sanciones más benignas.
Los métodos utilizados para la exploración, recuperación o explotación del patrimonio cultural sumergido deberán priorizar la conservación y garantizar el menor deterioro posible.
Los abogados que en representación de una firma o asociación suscriban contratos de prestación de servicios profesionales también son destinatarios del Código Disciplinario.
Las disposiciones empezarán a regir en un año. Sin embargo, en un plazo de seis meses, los propietarios de establecimientos deberán inscribirse ante la autoridad sanitaria.
Las preguntas sometidas a consideración del pueblo no pueden albergar competencias, funciones y facultades que legalmente les hayan sido atribuidas a otras jurisdicciones y autoridades.
No solo resulta conveniente, sino razonable y congruente con las aspiraciones de satisfacer los derechos de las víctimas, escoger solo un tipo de delitos, por su sistematicidad, señala.
Los responsables deben utilizar la PILA, conforme a la Resolución 1414 del 2008, sin perjuicio de que la cobertura en salud sea asumida por el respectivo municipio o distrito.
El modelo actual de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos hizo crisis, opina este experto en propiedad intelectual y nuevas tecnologías.
Las nuevas tecnologías y la aplicación del precedente judicial en el reconocimiento de derechos son algunos de los principales desafíos al comienzo de esta nueva etapa.
El plan de acción para la implantación de este esquema en los procesos de Justicia y Paz no orienta a una mejor coordinación interinstitucional ni atiende algunas recomendaciones de la Fiscalía de la CPI.
El Ejecutivo indicó que sigue firme el compromiso de sacar adelante los proyectos de ley ordinaria de salud, infraestructura y reforma al Código Penitenciario.
La ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa Palacio, aseguró que en lo corrido del año se ha identificado una tendencia a la baja en las cifras de la población reclusa en las cárceles del país con relación a años anteriores. Según exp
Desde el 2005, las parejas gais pueden celebrar uniones civiles en ayuntamientos británicos, lo que les da derechos similares al matrimonio civil sin estar casados.
Según los accionantes, los principios de identidad flexible y conexidad fueron vulnerados, al incluirse la expresión “o policial” en la norma demandada.
Todos estamos de acuerdo en que se den subsidios del presupuesto público a los particulares para que consigan una casa, pero casi nadie piensa que vale la pena dar dinero a un campesino para que compre una finca.
De manera alguna, a no ser que se quiera contravenir el mandato Superior, la Fiscalía puede seleccionar qué denuncias serán objeto de investigación y cuáles no.
La posibilidad de que los servidores públicos se amparen en ese derecho para negarse a adoptar decisiones referentes a la IVE y las uniones homosexuales revivió el debate en la materia.
La carga de la prueba se traslada a quien haya difundido la información, siguiendo las reglas establecidas en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.
La entidad explicó que se ha limitado a “transcribir literalmente las decisiones tomadas por la Corte Constitucional respecto de la IVE en los tres casos autorizados por derecho”.