María Constanza García: “No nos oponemos a las consultas ciudadanas sobre explotación minera”

Por medio del Decreto 4134 del 2011, el Gobierno le dio vida a la Agencia Nacional de Minería (ANM), con el fin de administrar los recursos minerales de propiedad del Estado, promover su explotación y hacerles seguimiento a los títulos otorgados para la realización de esta actividad en el país, entre otras funciones.

 

A la cabeza de esta entidad se encuentra María Constanza García Botero, quien habló con ÁMBITO JURÍDICO sobre temas como la normativa que rige el sector, el balance de la “locomotora minera”, la supervisión de títulos mineros y las consultas ciudadanas relacionadas con la explotación de estos recursos.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿De qué manera se afectará la actividad minera con la efectiva inexequibilidad de la reforma al Código Minero?

 

María Constanza García: De ninguna forma. En conjunto, el Ministerio de Minas y la ANM prepararon y expidieron nuevos decretos y reglamentos, como estrategia de contingencia ante la caída de la Ley 1382, en mayo de este año, por disposición de la Corte Constitucional. La nueva normativa incluyó los decretos 933, sobre formalización minera; el 934, sobre capacidad jurídica para declarar áreas excluidas y restringidas de la minería, y el 935 y 1300, que reglamentan los artículos 271, 273 y 274 del Código de Minas en lo relacionado con la presentación de solicitudes de contratos de concesión. Todos ellos pretenden asegurar la continuidad de la actividad en el país. Adicionalmente, los contratos suscritos no se verán afectados por esa inexequibilidad.

 

Á. J.: ¿Es suficiente esa reglamentación?

 

M. C. G.: Con esas normas logramos brindar claridad al sector y herramientas a la administración para poder desarrollar las actividades propias que implican el cumplimiento de la ley y que, por su naturaleza, tienen un carácter técnico en consonancia con la coyuntura actual en materia minera.

 

Á. J.: ¿Pero aún se requiere un Código Minero que actualice las reglas sobre la materia?

 

M. C. G.: La realidad de la industria extractiva es cambiante y evoluciona. El Código actual (L. 685/01 y reglamentarios) permite el desarrollo de la actividad minera de forma ordenada y responsable y sienta una base sólida para que la minería pueda ejercerse en Colombia bajo estándares de cuidado ambiental, buenas prácticas en la industria extractiva y claridad jurídica para incentivar mayor inversión e imprimirle dinámica al sector. Sin embargo, ante las nuevas realidades y frente a algunos vacíos en la legislación, se pueden efectuar ajustes normativos a través de una nueva ley.

 

Á. J.: A tres años del gobierno Santos, ¿qué balance entrega de la “locomotora minera”?

 

M. C. G.: La “locomotora” ha tenido un comportamiento excepcional en la última década. En el frente exportador, el valor de las ventas externas mineras (carbón, ferroníquel  y otros minerales) tuvo un incremento promedio anual del 19 %. Esto significó que, al 2012, por cada cinco dólares que el país exportó, un dólar provino del sector minero. Los resultados se debieron a un incremento en los volúmenes de producción y a un ambiente de precios favorable. Así, la producción interna de carbón y de oro aumentó anualmente el 7 % y el 5 %, respectivamente, en dicho periodo (2011-2012).

 

Aparte de este resultado, se requería adoptar una serie de medidas para que la “locomotora” marchara encarrillada y a toda máquina (sin desbordarse). En tal sentido, las primeras acciones del gobierno Santos se encaminaron hacia el fortalecimiento institucional. Para empezar, se creó la ANM como nuevo administrador del recurso minero en el país y se transformó Ingeominas en el Servicio Geológico Colombiano, como entidad responsable del conocimiento científico del suelo y el subsuelo.

 

Á. J.: ¿Para qué se requería la ANM?

 

M. C. G.: La ANM es un paso importante en el proceso de transformación institucional del sector minero en Colombia, que busca, a través de la focalización de funciones en forma eficiente y eficaz, impulsar una minería con responsabilidad social, ambiental y productiva. En esta coyuntura, la ANM juega un papel importante, porque, junto con el Viceministerio de Minas y el resto de entidades del sector, trabaja para profundizar el desarrollo minero y hacer más competitivo el sector.

 

Á. J.: ¿Y qué ha logrado?

 

M. C. G.: La nueva autoridad minera ha logrado abordar frentes claves y estratégicos para ‘desentrabar’ cuellos de botella en el sector y garantizar su ejecución dentro de mejores estándares. Este Gobierno cerró, por cerca de dos años, la ventanilla para nuevas solicitudes mineras y delegó en la ANM la tarea de crear una plataforma para atender las futuras solicitudes del sector, a la vez que evacuaba un rezago superior a 19.000 solicitudes represadas por años, sin que hubieran tenido respuesta o resolución, situación ya superada en su mayoría. A fin de diseñar políticas “a la medida”, la nueva autoridad adelanta la fiscalización de títulos mineros, que brindará, por primera vez, una radiografía sobre la situación actual de la minería y permitirá controlar y asegurar que los titulares cumplan los compromisos contractuales y la normativa vigente.

 

Á. J.: ¿En qué consiste el Radicador Web de solicitudes mineras?

 

M. C. G.: Es un nuevo mecanismo para canalizar las solicitudes mineras, que garantiza un proceso más ordenado y transparente y hace efectivo el mandato de otorgar un título a quien primero lo solicite, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales, y permite el estudio de las solicitudes y un mayor rigor en su aprobación. Con este aplicativo, gana el ciudadano y se robustece la institucionalidad del país.

Esta reapertura de la ventanilla (hoy Radicador Web) se produce tras más de dos años de cierre y haber evacuado un 90 % de solicitudes mineras represadas. Durante su primera semana, consolidó más de 2.400 radicaciones. El proceso fluyó sin contratiempos, al punto de que en ese periodo logramos que el 87 % del total de los solicitantes presentaran la respectiva documentación para completar el proceso. En lo corrido de julio, ha tenido más de 2.600 radicaciones.

 

Á. J.: ¿Para qué sirve el Sistema Integral de Gestión Minera?

 

M. C. G.: El Sistema Integral de Gestión Minera servirá para que las instituciones del sector y los usuarios mineros puedan disponer de una herramienta orientada a la prestación de trámites y servicios en línea, bajo los más altos estándares tecnológicos y acorde con las buenas prácticas internacionales del sector sobre transparencia en la información.

 

Este proceso contractual se adelanta a través del Fonade, en el marco de un convenio de gerencia integral de proyecto. Actualmente, las reglas de participación se encuentran publicadas y, de acuerdo con el cronograma del proceso, se espera que el contratista inicie actividades en septiembre del presente año. Es importante señalar que el documento técnico donde se contemplan las especificaciones del sistema fue revisado y validado por el Banco Mundial.

 

Á. J.: ¿Cómo va la supervisión de títulos mineros?

 

M. C. G.: Estamos a pocos días de completar el primer ciclo de la nueva fiscalización, lo que quiere decir que los más de 9.500 títulos mineros ya se habrán revisado, en sus aspectos económicos, ambientales, laborales y financieros, entre otros.

 

Hasta el momento, encontramos que el 80 % de los títulos presenta algún tipo de hallazgo, es decir, un incumplimiento en una de las principales variables analizadas. Vale la pena recordar que, en este primer ciclo de fiscalización, la autoridad minera aplica un enfoque preventivo, es decir, se hace un llamado de atención al titular minero para que aplique los correctivos del caso y reporte el correspondiente cumplimiento. No obstante, hay una excepción: la licencia ambiental. En tal caso, aun en la primera etapa, se suspende el proyecto y se inician las acciones sancionatorias.

 

Á. J.: En las recientes protestas de mineros en el país, se alega, entre otras cosas, que el Gobierno pretende terminar con la minería artesanal. ¿Qué responde?

 

M. C. G.: Nadie quiere acabar con la minería artesanal. Hay que diferenciar entre extracción criminal y minería desarrollada por pequeños grupos de personas. Con respecto a la primera, el Ministerio de Defensa y las autoridades locales adelantan una estrategia integral, incluyendo operativos semanales, para contrarrestar este tipo de extracción ilegal, que es la minería que no queremos, que no cumple con estándares de la industria y que tanto daño le hace al medioambiente.

 

Sobre la minería artesanal, en cabeza del Ministerio de Minas, y con la ayuda de los alcaldes, gobernadores y empresas del sector, se trabaja en la formalización de los pequeños mineros, con el fin de generar una nueva etapa de desarrollo para las regiones, a través de la puesta en marcha de proyectos bajo esquemas de responsabilidad ambiental, social y productiva.

 

Á. J.: ¿Es válida la consulta realizada en el municipio de Piedras (Tolima) en la que los habitantes rechazaron la explotación minera?

 

M. C. G.: Las comunidades tienen todo el derecho a hacer consultas, a preguntar y a decidir. Como lo ha dicho el Ministro de Minas, la minería no busca ir en contra de las comunidades. Por el contrario, esta se debe traducir en prosperidad y en bienestar. De otro lado, el Ministerio del Interior está revisando la legalidad de la consulta. Ahora bien, frente al caso de Piedras, la pregunta, como estaba planteada, inducía como respuesta el “NO”. Lo raro, como lo dijo el Ministro, es que 24 personas respondieron “SÍ”.

 

Á. J.: ¿Pero no se oponen a esas consultas?

 

M. C. G.: No. Las consultas se pueden hacer, pero lo importante es tener claridad frente a las competencias, pues la Constitución señala que el subsuelo es de todos los colombianos, mientras que la ley prevé la asignación de un título minero y las posibilidades de explotarlo. Es un tema de limitación de competencias, que se rige por la jurisprudencia y las diferentes normativas que existen sobre el tema.

 

Á. J.: ¿Hay suficiente seguridad jurídica y de orden público en el país para las empresas mineras?

 

M. C. G. B.: Frente a la seguridad jurídica, hemos venido trabajando en la regulación, con la expedición de decretos reglamentarios del Código Minero, por parte de los ministerios de Minas y de Ambiente. En relación con temas como las zonas de exclusión minera, la cancha está pintada muy claramente, sabemos en dónde podemos jugar y en dónde estamos en fuera de lugar.

 

Ahora bien, decir que existe toda la seguridad de orden público sería tanto como ‘tapar el sol con una sola mano’. Si bien el país ha hecho avances importantes, es un reto que tenemos que enfrentar constantemente. Las empresas que invierten en el sector saben que existe el riesgo y lo valoran dentro de sus contingencias y demás modelos económicos.