Esta es la agenda legislativa pendiente del Gobierno

La ley ordinaria que desarrolla los principios del derecho fundamental a la salud continuará en el centro de los debates del Congreso, durante el primer periodo legislativo 2013 – 2014, que inició el pasado 20 de julio.

Además, propuestas de diferentes ministerios ocuparán la agenda legislativa, como la reforma penitenciaria, el proyecto anticontrabando, los cambios al Código de Policía y la iniciativa para impulsar la construcción de infraestructura de transporte.

El siguiente es el estado de estos proyectos de ley, que quedaron pendientes de estudio y aprobación.

Reforma a la salud

En los últimos días del pasado periodo legislativo se aprobó, en primer debate, el proyecto de ley ordinaria de reforma a la salud. La iniciativa del Gobierno redefine el Sistema General de Seguridad Social en Salud, propone eliminar el Fosyga y crear Salud-Mía, una entidad financiera que se encargaría de la afiliación, recaudo, administración y giro de los recursos destinados a la prestación y pago de servicios.

Además, se suprimiría el POS y se crearía Mi-Plan, que sería el plan de beneficios, con una lista explícita de servicios y tecnologías excluidas.

Según lo aprobado, nacerían los gestores de salud, en remplazo de las EPS, que no recaudarán ni administrarán recursos, sino que agenciarán el riesgo médico de sus afiliados.

Cambios al Código Penitenciario

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en segundo debate, el proyecto que reforma el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993). Se trata de una propuesta especialmente importante para el Ministerio de Justicia, en razón a la emergencia carcelaria declarada y por las órdenes de algunos tribunales que han suspendido el ingreso de presos a varios centros de reclusión.

Cuatro son los ejes de la iniciativa: reorganización del sistema penitenciario y carcelario, nuevas normas en materia de libertad, apoyo a la actividad judicial y fortalecimiento de la seguridad.

De convertirse en ley, la detención preventiva de personas investigadas o en juicio será excepcional. Además, se establecería que en ningún caso el derecho a la libertad, a la sustitución de la pena o a cualquier otro beneficio judicial estará condicionado al pago de multas.

El proyecto obligaría a que en las salas de detención las personas no  permanezcan más de 36 horas y garantizaría la separación entre hombres y mujeres, y de menores de edad, para proteger la dignidad de los detenidos.  

También se ha planteado que las personas que hayan cometido un delito por primera vez y cuya pena impuesta sea inferior a tres años puedan acceder a la suspensión de la pena. Además, el beneficio de prisión domiciliaria aplicaría para quienes sean condenados a una pena de cinco años o menos, siempre y cuando no haya reincidencia, entre otras condiciones.

Por otra parte, las empresas de comunicaciones deberán evitar señales telefónicas en lugares aledaños a centros penitenciarios. Finalmente, se regularían las visitas, se facultaría al director del establecimiento de reclusión para ordenar excarcelaciones y los condenados deberán vestir uniforme.

Infraestructura de transporte

En marzo, el Ministerio de Transporte presentó ante el Senado una iniciativa para impulsar el desarrollo de la infraestructura de transporte, que ya superó el segundo debate y está pendiente de discusión en la Cámara de Representantes.

El objetivo inicial del Gobierno era facilitar la construcción y el mantenimiento de la red vial, agilizando los trámites para la adquisición de predios, la obtención de licencias ambientales y la intervención de redes de servicios públicos.

En materia de contratación, se autoriza a los particulares para que desarrollen por su cuenta proyectos de infraestructura sin requerir de aportes estatales.

Además, el proyecto consagra la construcción de infraestructura de transporte como un nuevo motivo de utilidad pública, para facilitar la expropiación por vía administrativa o judicial.

De aprobarse, el Presidente de la República tendría seis meses de facultades extraordinarias para crear la Unidad de Planeación del Sector de Infraestructura de Transporte y la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte.

Lucha contra el contrabando

Si bien no avanzó mucho en el semestre pasado, una propuesta presentada por los ministros de Hacienda, Justicia, Agricultura, Defensa y Comercio pretende ser el instrumento principal en la lucha contra el contrabando.

En ella, se pide reformar el Código Penal, para combatir el contrabando abierto. Por ejemplo, entre 10 y 50 salarios mínimos mensuales contrabandeados se castigarían con prisión de 4 a 6 años. Si el monto del delito está entre 50 y 200 salarios, la pena oscilaría entre 6 y 9 años.

El contrabando técnico, que se consuma consignando información falsa en la declaración de importación o de exportación de mercancías o en la factura de nacionalización o de exportación, tendría prisión de 4 a 7 años.

Además, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero realizaría actividades de inteligencia, y la DIAN tendría facultades permanentes de policía judicial.

Reforma al Código de Policía

Aunque no se presentó ponencia para primer debate, el Ejecutivo tiene en la Cámara de Representantes un proyecto de reforma al Código de Policía, con el objetivo central de unificar la normativa existente.

La propuesta incluye novedades como la aplicación de sanciones por acoso escolar, el endurecimiento de las medidas contra quienes excedan el ruido en fiestas o actividades religiosas y multas para quienes limiten el acceso a miembros de la comunidad LGBTI.