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Así hablaron defensores y detractores del Marco Jurídico para la Paz
28 de Agosto de 2013
A escasas horas de que la Corte Constitucional decida si el Marco Jurídico para la Paz (Acto Legislativo 01 del 2012) se ajusta a la Constitución, ambitojuridico.com y LEGISmóvil hacen un recuento en audio de las intervenciones más destacadas de la audiencia convocada por ese alto tribunal el pasado 25 de julio.
El presidente Juan Manuel Santos defendió el marco, al calificarlo como realista y trasparente, pues, a su entender, permitirá que se alcance la paz sin sacrificar la justicia, garantizándola en la medida de lo posible. Según Santos, la Carta de 1991 es un pacto de paz por cumplir.
En una línea similar, el fiscal Eduardo Montealegre defendió el enfoque minimalista de la reforma constitucional, al precisar que ejercer la acción penal únicamente en contra de los máximos responsables y frente a las acciones más emblemáticas hace alcanzable el propósito de esclarecer la verdad y garantizar la justicia y la reparación a las víctimas.
Si se abarcan todos los hechos y se incluye a todos los responsables, precisó Montealegre, se daría una revictimización, por la imposibilidad de cumplir con la expectativa de garantizar los derechos de todos los afectados por la violencia. Montealegre reconoció que se trata de un sacrificio, que se justifica por el bien superior de alcanzar la paz.
Para el procurador Alejandro Ordóñez, en cambio, esta reconciliación no lo justifica todo. A su juicio, se estarían sacrificando los derechos de las víctimas y se utilizaría la soberanía para amparar, con un manto de impunidad, a responsables de crímenes de lesa humanidad.
Aunque el Procurador solicitó declarar inexequibles los principales puntos de la reforma, indicó que, si ello no es conducente, la constitucionalidad se debe condicionar rigurosamente, para evitar excesos.
Por su parte, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, aseguró recibir con beneplácito una iniciativa que, a su juicio, conducirá al “reencuentro social” del país.
Finalmente, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, señaló que la iniciativa abre un marco de impunidad para guerrilleros, paramilitares y militares responsables de atrocidades, lo que obstaculizaría los compromisos de Colombia ante la justicia internacional.
Intervención del presidente Juan Manuel Santos
Intervención del fiscal Eduardo Montealegre
Intervención del procurador Alejandro Ordóñez
Intervención del presidente de la Corte Suprema de Justicia
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