Marco Jurídico para la PazEscuche las intervenciones de los defensores y detractores del Marco Jurídico para la Paz ante la Corte Constitucional (12:00 p.m.)

A escasas horas de que la Corte Constitucional decida si el Marco Jurídico para la Paz se ajusta a la Constitución Política, LEGISmóvil hace un recuento en audio de las intervenciones más destacadas de la audiencia convocada por ese alto tribunal, el pasado 25 de julio. El presidente Juan Manuel Santos defendió el Acto Legislativo 01/12, al calificarlo como realista y trasparente, pues, a su entender, permitirá que se alcance la paz sin sacrificar justicia, garantizándola en la medida de lo posible. Para él, la Carta de 1991 es un pacto de paz por cumplir. En una línea similar, el fiscal Eduardo Montealegre defendió el enfoque minimalista de la reforma constitucional, al precisar que ejercer la acción penal solo en contra de los máximos responsables y frente a las acciones más emblemáticas hace alcanzable el propósito de esclarecer la verdad y garantizar la justicia y reparación a las víctimas. Si se abarcan todos los hechos y se incluye a todos los responsables, precisa, se daría una revictimización, por la imposibilidad de cumplir con la expectativa creada de garantizar los derechos de todos los afectados por la violencia. Reconoció que se trata de un sacrificio, pero este se justifica por el bien superior de alcanzar la paz. Para el procurador Alejandro Ordóñez, en cambio, esta reconciliación no lo justifica todo; a su juicio, se estarían sacrificando los derechos de las víctimas y se utilizaría la soberanía para amparar con un manto de impunidad a responsables de crímenes de lesa humanidad. Aunque solicitó declarar inexequibles los principales puntos de la reforma, indicó que, si ello no es conducente, la constitucionalidad se debe condicionar rigurosamente, para evitar excesos. El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, mientras tanto, dijo recibir con beneplácito una iniciativa que, a su juicio, conducirá al “reencuentro social” del país. Finalmente, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, señaló que la iniciativa abre un marco de impunidad para guerrilleros, paramilitares y militares responsables de atrocidades; ello, dice, obstaculizaría los compromisos de Colombia ante la justicia internacional.