La Defensoría del Pueblo informó que trabajará para que la Corte Constitucional continúe seleccionando acciones de tutela, con el fin de que las acumule en un gran proceso y tome las medidas necesarias para conjurar la crisis carcelaria.

En opinión de la entidad, esta problemática no puede solucionarse con medidas legislativas ni con emergencias carcelarias, sino que requiere la coordinación de las tres ramas del poder público.

“A través de la figura del estado de cosas inconstitucional es posible adoptar medidas estructurales que permitan superar los problemas de déficit de atención institucional, que han contribuido a agravar la crisis de respeto y garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”, señaló el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.

El funcionario advirtió que la crisis se extiende a las unidades de reacción inmediata y a los palacios de justicia, que, a pesar de ser lugares de paso, registran niveles de hacinamiento que llegan al 300 %.

En marzo pasado, Otálora le solicitó al Ejecutivo estudiar la posibilidad de acudir a la declaratoria de emergencia social para enfrentar los  problemas de hacinamiento, salud y servicios que enfrenta la población penitenciaria y carcelaria.