Ponencia del magistrado Jorge Pretelt respalda Marco Jurídico para la Paz, con condiciones

Un primer visto bueno de constitucionalidad recibió el Acto Legislativo 01 del 2012 (Marco Jurídico para la Paz), con la ponencia en la que el magistrado Jorge Ignacio Pretelt le pide a la Sala Plena de la Corte Constitucional que declare la exequibilidad condicionada de la norma.

Para el jurista, no es cierto que crímenes de guerra puedan quedar por fuera de la investigación de las autoridades penales, pues el carácter de sistematicidad al que se refiere la disposición alude, precisamente, a ese tipo de conductas, según lo dispuesto por el Estatuto de Roma.

Así, los crímenes de guerra que hayan sido cometidos en el marco del conflicto, es decir, sistemáticamente, serán seleccionados y sancionados, de donde se desprende que los que no se cometieron con ocasión de la confrontación serán sancionados por mecanismos ordinarios.

La ponencia retoma el análisis que hizo el Congreso de la República, antes del primer debate de la iniciativa, según el cual los resultados fallidos del proceso de justicia y paz se deben al enfoque maximalista de la persecución penal, que le demandaría unos 100 años a las autoridades para analizar las diferentes imputaciones.

Por lo tanto, no solo resulta conveniente, sino razonable y congruente con las aspiraciones de satisfacer los derechos de las víctimas, escoger solo un tipo de delitos, por su sistematicidad, e investigar únicamente a los máximos responsables de violaciones a los derechos humanos y el  Derecho Internacional Humanitario.

En ese sentido, los mecanismos de priorización deben mantener la prohibición de renunciar a la acción penal en casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual, entre otras conductas cometidas sistemáticamente.

Sin embargo, Pretelt advierte que la aplicabilidad de esta justicia transicional debe permanecer condicionada al fin del conflicto, a la dejación de las armas, al desmantelamiento de las estructuras de la insurgencia y a la terminación de los mecanismos para su financiación, como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión.

Además, la norma no podrá tener vigencia constitucional sin la puesta en marcha de herramientas transparentes, eficaces y céleres de investigación, que partan de una estructura igualmente eficiente para priorizar los casos.

La ponencia advierte que la institucionalidad debe brindar herramientas para que las víctimas puedan impugnar la decisión de las autoridades penales de no seleccionar su caso.