Respecto del requisito de edad para que los jóvenes ingresen al sistema de aprendizaje tutorial (SAT) del Decreto 3011 de 1997, la Corte Constitucional señaló que constituye una barrera administrativa que vulnera el derecho fundamental a la educación. En este sentido, el alto tribunal advirtió a la Secretaría de Educación de Santander abstenerse de imponer este tipo de barreras y garantizar la prestación del servicio de educación. Según la sentencia, la familia es la principal responsable de la asistencia, la educación y el cuidado de los niños, sin embargo, en caso de menores sin padres o cuando teniéndolos no les puedan proporcionar a sus niños las condiciones indispensables para llevar una vida plena, le corresponde al Estado suplir dicha responsabilidad. El derecho a la educación de los menores es fundamental, por lo tanto, las entidades territoriales no deben imponer obstáculos, tales como falta de presupuesto o ausencia de contratación para el disfrute del mismo, agregó (M. P. Mauricio González Cuervo).