El Consejo de Estado reiteró la posibilidad que tiene el juez administrativo de apartarse de la sentencia penal sobre un hecho en el que estén involucrados agentes estatales, debido a las diferencias sustanciales que existen entre ambas acciones judiciales, aunque sin dejar de destacar la importancia que tienen dichos fallos en las decisiones que adopte la jurisdicción contenciosa. Es así como el alto tribunal señaló que dicha autonomía no implica una prohibición de que en el proceso administrativo puedan valorarse los raciocinios hechos por el juzgador en el proceso penal. Por otra parte, señaló que el término para la caducidad de la acción de reparación en casos de masacres se cuenta a partir del conocimiento del autor del hecho. Con base en lo anterior y en la probada falla del servicio atribuida a la Armada Nacional por la conformación de grupos al margen de la ley, la Sala declaró la responsabilidad del Estado, por la masacre ocurrida en Barrancabermeja en 1992, atribuida a la Red de Inteligencia 7 de la Armada Nacional. Los consejeros Enrique Gil y Olga Mélida Valle de de la Hoz aclararon su voto (C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa)