Gobierno objeta proyecto que buscaba ampliar zonas para entregar baldíos a familias pobres

Sin la correspondiente sanción presidencial, el Gobierno devolvió al Congreso el proyecto ley que pretendía establecer nuevas normas para la entrega de terrenos baldíos a familias pobres.

A juicio del Ejecutivo, la iniciativa es inconstitucional, porque los programas de desarrollo rural que plantea corresponden a políticas públicas incompatibles con los programas de conservación ambiental que rigen para los parques nacionales naturales y para las áreas de reserva natural.

Indica que la Corte Constitucional ha señalado que la necesidad de preservar dichas áreas va hasta la conservación del propósito medio ambiental de las zonas, por lo que el Estado no puede modificar gratuitamente el uso y aprovechamiento de estas.

Según el Gobierno, el proyecto de ley permitiría adelantar programas de desarrollo rural relacionados con la explotación económica de dichos territorios.

“La norma objetada incurre en una contradicción jurídica, con efectos claramente inconstitucionales, al admitir que una de las estrategias de conservación de zonas de reserva natural es la explotación económica de la reserva. Como se hace evidente, la reserva implica la sustracción de la zona del circuito de aprovechamiento económico, por lo que resulta contradictorio que se afirme que una de las formas de garantizar dicha reserva es la de empujarla hacia la explotación monetaria”, agrega.

Para el Presidente, el texto normativo pone en peligro la conservación de las zonas de reserva natural, por culpa de una incompatibilidad jurídica con el texto constitucional.

En cuanto a las razones de inconveniencia, señala el uso inapropiado de categorías que no tiene definición legal y que, en opinión del Ejecutivo, hacen inoperante la norma. Por ejemplo, explica que la condición de familia pobre no tiene sustento en ningún patrón de medición que permita señalar los beneficiarios de las adjudicaciones.

(Presidencia, Objeciones al P. L. 226/12C-046/11S, jul. 15/13)