Política minera ha propiciado la minería ilegal: Contraloría

El diseño de la política minera, su aplicación, su desarrollo y la desnaturalización y baja capacidad de la institucionalidad minera y ambiental han propiciado, en gran medida, la minería ilegal. Así lo advirtió la Contraloría General de la República, en un informe sobre la explotación ilícita de recursos minerales en Colombia.

 

Según la entidad, la ilegalidad minera, que llega a un 63 % y está concentrada en la explotación de oro, viene causando un elevado y preocupante impacto negativo sobre el medio ambiente.

 

El informe señala que el Estado no solo está lejos del minero y de su entorno, sino que su presencia es reemplazada fácilmente por grupos al margen de la ley, que otorgan “permisos”, cobran “impuestos”, imponen un orden social, sancionan y condenan con la fuerza de las armas, en total impunidad.

 

En opinión de la entidad, pretender convertir a Colombia en un país minero sin tener en cuenta la realidad social, económica, ambiental y cultural de las regiones tendrá consecuencias negativas en cada una de las esferas de la vida de los pueblos.

 

En ese sentido, advirtió que pese a las dificultades de tipo normativo y operativo, para el control de la ilegalidad se necesitan acciones reales y contundentes, materializadas con el cierre de minas.

 

De otro lado, advirtió que la política pública minera está diseñada para que, en el marco de la legalidad, subsistan solo los empresarios fuertes.

 

Esta situación, explicó, “de ninguna manera favorece el desarrollo de la actividad a esa pequeña escala en el marco de la legalidad minera, sino por el contrario, aun para los empresarios no muy pequeños la incursión en la ilegalidad y las actuaciones ilegales es una opción razonablemente válida desde su perspectiva”.

 

Sobre la legalización de la minería de hecho, afirmó que este proceso ha generado mínimos resultados, a un alto costo. De hecho, a abril del 2010, el Ministerio de Minas y Energía reportó que 158 minas fueron legalizadas, en ocho años de vigencia del programa, con un costo total de 14.000 millones de pesos. 

 

Según estos datos, cada legalización habría tenido un costo de 89 millones de pesos, sin tener en cuenta los costos indirectos. Así las cosas, la efectividad del programa de legalización es tan solo del 3,7 %.

 

Propuesta del Ejecutivo

Por su parte, el Gobierno presentó una propuesta para combatir la minería ilegal, enfocada en cuatro puntos.

 

En primer lugar, recomendó reconocer el principio de itinerancia, es decir, que los mineros, en el desarrollo de su actividad, se han desplazado de zonas.

 

“Este reconocimiento aplica a personas naturales o jurídicas, que ejerzan la actividad minera de manera continua o discontinua y permitiendo el uso de equipos mecanizados, de acuerdo con la reglamentación de los ministerios de Ambiente y de Minas”, señaló la entidad.

 

El segundo punto de la propuesta es establecer un protocolo que les permita seguir trabajando a los mineros informales reconocidos, mientras se resuelve de fondo su situación.

 

Igualmente, planteó establecer criterios para que los pequeños mineros formalizados participen en las subastas de áreas de reserva estratégica.

 

Por último, señaló la necesidad de definir los criterios ambientales para la pequeña minería en proceso de formalización.

 

Este mismo punto incluye la creación de una guía de formalización minero-ambiental que permita la mitigación y restauración de impactos ambientales durante la transición de la informalidad a la formalidad.