La Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que la solicitud o insinuación de renuncia a los funcionarios o empleados que ejercen funciones de dirección, manejo y confianza no afecta la legalidad de los actos de retiro, pues dicha facultad obedece a la oportunidad que la ley le otorga a los nominadores de reorganizar el servicio mediante el cambio de sus subalternos. En opinión de la sala, para obtener la nulidad del acto administrativo que acepta la renuncia es necesario que se pruebe el componente coercitivo que influyó en el quebranto de la voluntad (C. P. Alfonso Vargas Rincón).