Ante la Secretaría de la Cámara de Representantes fue presentado el proyecto de ley estatutaria que pretende otorgarle facultades de poder preferente a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Según la iniciativa, tales facultades permitirían combatir hechos de corrupción que involucren a funcionarios judiciales. En ese sentido, la Judicatura podrá asumir directamente investigaciones contra jueces, fiscales y abogados, sin que estos casos sean conocidos por los consejos seccionales.

El proyecto señala que las investigaciones las asumirá la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en primera instancia, teniendo en cuenta razones de interés nacional, de orden público y de seguridad de los intervinientes o de los servidores públicos y testigos. Además, se crearían tres salas: Plena, de Decisión y de Segunda Instancia de Decisión.

La Sala tuvo facultades de poder preferente hasta agosto del 2012, fecha en la cual, por decisión de la Corte Constitucional (Sentencia C-619), tuvo que devolver a los consejos seccionales 294 procesos que había asumido en primera instancia con estas potestades. 

Según el alto tribunal, la medida desconocía los derechos al debido proceso y a la igualdad, desde la perspectiva de los principios de juez natural y de doble instancia, ya que facultaba al Consejo Superior para ordenar el cambio de radicación en cualquier etapa del proceso y para crear salas de decisión a través del reglamento interno.