El control de legalidad que hace el juez administrativo sobre el acto disciplinario es pleno y no tiene restricciones, reiteró la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sin embargo, dicho control no es una tercera instancia en la actuación que permita abrir nuevamente el debate probatorio, indicó el alto tribunal. Además, la declaratoria de nulidad del acto dependerá de la violación de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción que afecte la validez y legalidad de la providencia sancionatoria, pero no de mínimos defectos del trámite, señaló (C. P. Gerardo Arenas).