El contenido de los programas no puede estar comprometido directa o indirectamente con terceros beneficiarios de dicha publicación, sin que le sea advertido al público.
Por regla general, las medidas de aseguramiento o penas decretadas contra uniformados deben cumplirse en cárceles especiales o en la unidad a la cual pertenecen.
La Corte Constitucional reprochó la connivencia de la institucionalidad con el deterioro de las condiciones de dignidad que vienen padeciendo los reclusos.
Algunos de los principales expertos mundiales consideran que la doctrina de la sustitución de la Constitución, fraguada por nuestra Corte Constitucional, es una estrategia idónea para hacer frente al constitucionalismo abusivo.
La norma recién sancionada es mucho más garantista que las anteriores, porque los terceros van a encontrar más y mejores mecanismos de protección para sus derechos.
De acuerdo con la URT, están pendientes de resolver 34 órdenes de compensación, en las que, por motivos de seguridad o condiciones del terreno, las familias no han podido retornar.
En un plazo de dos meses, el Inpec y el Ministerio de Justicia deberán definir un plan de trabajo y un presupuesto para adelantar las gestiones administrativas a que haya lugar.
Con este acuerdo se profundiza la liberalización del comercio, puesto que permite la circulación de productos con origen entre México, Colombia, Perú y Chile.
Por regla general, dicha experiencia se adquiere a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que hacen parte del programa de formación.
Los actos accesorios que realiza la sociedad en ejercicio de su capacidad como persona jurídica deben tener relación directa de medio a fin entre el objeto social principal y el secundario.
Los interesados deberán presentar el certificado de calidad turística otorgado por certificadoras debidamente acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia.
El concepto sobre la conformación de dichas áreas que rindan las comisiones especiales de seguimiento al proceso de descentralización y ordenamiento territorial no es vinculante.
Las entidades se abstendrán de hacer la inscripción, renovación o actualización de los proponentes, si la información presentada no es suficiente o es inconsistente.
En estos casos, el empleador debe pagar los aportes a salud de la mujer, pero no los salarios dejados de percibir con motivo de la separación del cargo.
Investigación descarta una conexión entre la disminución de los abortos y los recientes cambios en la legislación sobre esta práctica que, en general, han sido restrictivos.
La intervención de un tercero en la causación del daño sería irrelevante, porque es la existencia de un bien público lo que expone a la ciudadanía a un riesgo especial de daño, pero de manera legítima.
Este proceso histórico marca el inicio del litigio en línea y representa un avance significativo en la transformación cultural, afirmó el Consejo Superior de la Judicatura.
La evolución de la sociedad hace difícil imaginar que no solo los delitos informáticos, sino cualquier delito, no impliquen evidencias electrónicas relacionadas con conexiones a internet[1].
El proveedor debe entregar sus facturas a más tardar en el periodo de facturación siguiente a aquel en que se hayan causado los cargos por la prestación del servicio.
El Consejo de Estado desestimó la inclusión de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, cuando la actuación originadora del daño se genere por la privación injusta de la libertad.
La amenaza a esta garantía en contra de menores de edad habilita a cualquier particular para asumir la agencia oficiosa e interponer una acción de tutela.
La disputa territorial que históricamente han mantenido Israel y Palestina se trasladó, en días pasados, a un escenario bastante peculiar: una cancha de fútbol en Chile.
La pena no se puede individualizar con base en los límites más altos con el pretexto de aplicar una postura jurisprudencial más perjudicial para el procesado.
Si se comprueba que existen propósitos distintos a la salvaguarda de las garantías fundamentales, los operadores deben declarar la improcedencia de las acciones.
La Sentencia C-579 del 2013, que no tiene antecedentes en Latinoamérica, es un aporte muy importante para la comprensión de mecanismos de justicia transicional.
El funcionario judicial no debe limitarse a aplicar normas procedimentales de manera rígida, sino usar sus facultades para obtener la verdad y proteger garantías constitucionales.
La norma no desconoce la presunción de buena fe del desmovilizado, pues, dada la importancia de las garantías judiciales de la Ley de Justicia y Paz, se debe obrar con seriedad y diligencia.
No es razonable ni proporcionado que una autoridad administrativa tenga el poder para despojar del cargo a parlamentarios elegidos democráticamente, indicó.
Según un informe revelado el año pasado por la Corporación Excelencia en la Justicia, en el 2011, la Fiscalía conoció 28.342 noticias criminales por estos delitos.
Dichas sociedades no se regulan por el derecho de asociación general, sino por las disposiciones de la Constitución económica, y son susceptibles de la intervención del Estado.
Esta situación impide la protección, en tanto desaparece la amenaza o se genera una vulneración en tal grado de consumación que se hace imposible restablecer el derecho.
Pretender crear funcionarios sin un régimen de control disciplinario sería establecer un régimen de impunidad que deslegitimaría la democracia, indicó.
Cuando la tasa de desempleo sea menor del 10 %, como actualmente predica el Gobierno, el apoyo de sostenimiento pasará a completar el total de un SMLMV.
Son indudables y ostensibles, como lo son las problemáticas del sistema judicial colombiano, las ventajas del arbitraje como un mecanismo solucionador, rápido y efectivo de las controversias.
La protección brindada a los periodistas en cuanto a la presentación de informes sobre cuestiones de interés general está condicionada a que hayan actuado de buena fe.
Es útil poner de presente algunos temas del escenario al que nos enfrentaremos en agosto del 2014, cuando se realicen las declaraciones y liquidación del impuesto.
ÁMBITO JURÍDICO, en alianza con el Instituto Libertad y Progreso (ILP), publicará una serie de entrevistas cuyo tema principal es cómo avanzar hacia la modernidad en Colombia.
La medida no puede mantener vigencia, mientras la Corte Suprema no se haya pronunciado sobre la procedencia del traslado del requerido hacia el territorio que lo solicita.
En casos especiales como este, dicho término debe contarse desde que el actor es consciente de que el daño antijurídico puede ser atribuible al Estado.
Las empresas que están en el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) deben aplicar el Decreto 2784 del 2012.
En materia de justicia transicional, se han realizado imputaciones a 16 máximos responsables, por más de 11.000 hechos que comprometen a 34.000 víctimas.
Una actuación con pretensiones inferiores conocida por un tribunal no puede impugnarse ante el Consejo de Estado, si el recurso se interpuso a partir del 1º de agosto del 2006.
A su juicio, la ampliación de la base gravable a todos los procesos judiciales (incluyendo los declarativos), no tiene ninguna justificación legislativa.
Los reglamentos técnicos u operativos que expidan los prestadores no podrán incluir requisitos adicionales a los establecidos en la normativa expedida por el Gobierno.
Según el fallo, aun cuando se trate de funciones que no incidan directamente en la preservación de costumbres y tradiciones del grupo, este se ve afectado en su derecho a la etnoeducación.
La entidad le ordenó a Movistar adelantar una auditoría externa para determinar las posibles fallas que se están presentando en esta clase de reportes.
En este caso, es aplicable el principio de confianza legítima, ya que el menor ha estado vinculado al sistema educativo durante cuatro años, sin presentar ningún problema.
Para el Ministerio Público, esta imposición no solo desincentiva la presentación de acciones temerarias, sino también de aquellas promovidas con pretensiones justas.
¿Hasta dónde ha de llegar el empleo de métodos científicos claramente invasivos de la privacidad e intimidad en procura de la verdad “verdadera” en oposición a la procesal?
¿Hasta dónde ha de llegar el empleo de métodos científicos claramente invasivos de la privacidad e intimidad en procura de la verdad “verdadera” en oposición a la procesal?