La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia señaló que el juez constitucional no puede inmiscuirse en la potestad disciplinaria para resolver denuncias sobre acoso laboral (Ley 1010 del 2006), ni en la competencia para investigar esta conducta irregular en la entidad empleadora. El pronunciamiento lo hizo al rechazar una acción de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo y a la libertad de asociación sindical luego de que su superior lo reubicara sin acreditar la necesidad del servicio para realizar su cambio y desconocer su condición de aforado sindical (M. P. Elsy del Pilar Cuello Calderón).