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Condenan a Irlanda por negligencia frente abuso sexual ocurrido en 1973
28 de Enero de 2014
Todos los gobiernos tienen la obligación de proteger a los niños contra los malos tratos, especialmente en un contexto de educación primaria cuando se encuentran bajo el control exclusivo de las autoridades escolares, mediante la adopción de medidas y salvaguardias especiales.
Así lo señaló este 28 de enero la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), al condenar a Irlanda por el incumplimiento de su obligación de protección de Louise O’Keeffe, una mujer que en 1973 tenía 9 años de edad y fue víctima de repetidas agresiones sexuales por parte de un profesor laico de una escuela nacional.
En estos términos, la CEDH declaró que se violaron las normas de la Convención Europea de Derechos Humanos relativas a la prohibición de tratos inhumanos y degradantes y del derecho a un recurso efectivo.
El tribunal europeo señaló que dicho incumplimiento se puso de manifiesto cuando Irlanda, a pesar de ser consciente del abuso sexual de niños en la década de los setenta, siguió confiando la gestión de la educación primaria a las escuelas nacionales, “sin poner en marcha ningún mecanismo eficaz de control estatal contra el riesgo de que tales abusos ocurrieran”.
Por el contrario, los posibles denunciantes eran dirigidos lejos de las autoridades públicas y enviados a los administradores de las escuelas, que generalmente eran los sacerdotes locales, anotó el tribunal.
Al respecto, el juez continental recordó que las escuelas nacionales son instituciones de educación primaria financiadas por el Estado, gestionadas de forma privada en virtud del patrocino religioso, especialmente de la comunidad católica.
El responsable fue acusado en la justicia interna de 386 delitos de abuso sexual, que involucran a unos 21 antiguos alumnos de la Escuela Nacional Dunderrow, en la que estudiaba O’Keeffe.
Según la prensa local, se espera que esta sentencia abra las puertas a más de 200 reclamaciones de indemnización de las víctimas irlandesas maltratadas por funcionarios del Estado.
(CEDH, Caso O’Keeffe vs. Irlanda, Sentencia, ene. 28/14)
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