Por tercera vez, Procuraduría pide declarar inconstitucional cobro de arancel judicial

Como una medida desproporcionada, que desincentiva el acceso a la administración de justicia, calificó la Procuraduría la regulación del cobro del arancel judicial contenido en la Ley 1653 del 2013, al solicitarle a la Corte Constitucional, por tercera vez, que declare inexequible esa medida legislativa.

Para la entidad, el arancel desincentiva la presentación de pretensiones verdaderamente justas ante los jueces, porque a pesar de que al final del proceso eventualmente se puede reintegrar al accionante la suma previamente pagada, “las puertas de la justicia, de lo que le corresponde a cada quien, están cerradas hasta que no se pague una suma de dinero”.

“El hecho de que el arancel deba pagarse de manera anticipada a la presentación de la demanda, en una mayor cantidad de procesos (no solo los ejecutivos) y en cualquier evento en el que esté presente una pretensión dineraria, dificulta necesariamente el acceso a la administración, a tal punto que si el arancel no se cancela, el juez deberá inadmitir la demanda”, señaló el Ministerio Público.

Además, sostuvo que la ampliación de la base gravable a todos los procesos judiciales (incluyendo los declarativos), no tiene ninguna justificación legislativa. “Aunque el objetivo de la norma sea loable, existe un deber de explicar las razones que permiten ampliar su cobro a procesos diferentes a los ejecutivos por un motivo básico: se está incrementando el campo de aplicación de una restricción a un derecho fundamental”, agregó.

Esta nueva demanda corresponde al magistrado Nilson Pinilla.

(Procuraduría General de la Nación, Concepto 5672 (D-9883), nov. 12/13)

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