Detenciones arbitrarias atentan contra el derecho a la reunión pacífica (8:56 a.m.)

No es aceptable en una sociedad democrática que los ciudadanos sean objeto de sospechas por el lugar del que provienen o por el interés que, sin hacer parte de un grupo criminal, manifiesten en determinadas posiciones políticas o ideológicas. Así lo señaló el Consejo de Estado, al declarar que la detención de dos profesores durante la manifestación del Día Internacional del Trabajo el 1º de mayo del 2000 fue arbitraria e ilegal y su privación de la libertad fue injusta, al ser acusados de terrorismo, concierto para delinquir y violencia contra servidor público. Por otra parte, el alto tribunal precisó que la responsabilidad por la violación de los derechos de estos ciudadanos obedeció a la relación de causalidad entre esa detención irregular y la privación de la libertad que soportaron por la indagación penal en su contra, razón por lo cual la Policía Nacional fue declarada administrativa y patrimonialmente responsable. Más adelante, la corporación señaló que esta lesión del derecho a la libertad supone “una grave amenaza contra el derecho fundamental de reunión y manifestación pacífica que le asiste a todos los ciudadanos”. Por ello, precisó que una de las formas más comunes de atentar contra el derecho de reunión pacífica es la detención ilegal o arbitraria de personas (C.P. Ramiro Pazos Guerrero).