Polémica en Honduras por aprobación de ley de secretos oficiales

El pasado 14 de enero, el Congreso de Honduras aprobó, en un solo debate, la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, presentada por el diputado Rodolfo Selaya.

A tan solo unas horas de aprobada esta normativa, distintos sectores han calificado su contenido como un grave retroceso para la libertad de información.

Según la prensa local, en contraste con la Ley de Transparencia, que faculta al Instituto de Acceso a la Información para declarar secretos o públicos determinados documentos, la Ley de Secretos Oficiales también le otorga esa atribución al presidente de la República, a los titulares de las instituciones estatales y a la Dirección de Investigación e Inteligencia.

Por otra parte, establece que pueden declararse como información reservada los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad, la defensa nacional y el logro de los objetivos nacionales.

Los niveles de protección de la información determinan el término durante el cual estará restringida su publicación. De esta manera, para la información reservada, será de cinco años; para la confidencial, de 10 años; para la secreta, de 15 años, y para la ultrasecreta, de 25 años.

Sin embargo, estos periodos pueden prorrogarse, en caso de que subsistan los motivos que llevaron a las autoridades a establecer esta restricción.

Reacciones

La directora del IAIP, Doris Madrid, cuestionó ante la prensa hondureña la Ley de Secretos Oficiales, señalando que “es evidentemente inconstitucional”. Por esa razón, les solicitó al presidente, Porfirio Lobo Sosa, y al presidente electo, Juan Orlando Hernández, revisar de inmediato la normativa.

En sentido similar, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras indicó que se trata de una legislación imprecisa, discrecional y votada apresuradamente, que constituye una nueva derrota para la libertad de información en uno de los países conflictivos en esta materia.

En diálogo con ÁMBITO JURÍDICO, Itsmania Pineda Platero, representante legal del Colegio Latinoamericano de Periodistas (Colaper), con sede en Tegucigalpa, indicó que la norma violenta los derechos humanos, la libertad de expresión y es una ley mordaza para quienes ejercen el periodismo investigativo.

Pineda concluyó que la nueva ley tomó por sorpresa a la sociedad civil, pues se había solicitado un debate público, antes de su discusión y aprobación en el legislativo.