Colombia tiene la segunda población de desplazados internos más grande del mundo: HRW

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) presentó este martes 21 de enero la 24ª evaluación anual de prácticas de derechos humanos (DD HH) en el mundo.

El informe hace un balance de los avances y retrocesos en la protección de los DD HH en más de 90 países. Una de las conclusiones más importantes es que, en muchos de ellos, una equivocada equiparación entre la democracia y la presunta voluntad de la mayoría impulsó a los gobernantes a reprimir opiniones y grupos minoritarios.

Además, algunos gobiernos plantearan una perspectiva limitada sobre lo que resulta culturalmente apropiado, enfocando su estrategia, especialmente, en contra de mujeres, gais y lesbianas.

Colombia: desplazamiento e impunidad

Según el documento, Colombia tiene la segunda población de desplazados internos más grande del mundo, con aproximadamente cinco millones. Cada año, afirma, al menos 150.000 personas siguen abandonando su hogar.

Durante el 2013, “en el marco del conflicto armado interno colombiano se siguieron cometiendo graves abusos por parte de grupos armados irregulares como las guerrillas y los grupos sucesores de paramilitares”, indica el informe. Y agrega que los avances conseguidos con el programa de restitución de tierras son muy limitados, ya que, “en septiembre de 2013, más de dos años después de la sanción de la Ley de Víctimas, el gobierno informó que tan sólo tres familias habían regresado a vivir en su tierra como resultado de sentencias dictadas en el marco de la ley”.

Por otra parte, aunque el presidente Juan Manuel Santos ha repudiado los ataques contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y líderes indígenas, afrocolombianos y de desplazados, “son muy pocos los casos en que los responsables de estos actos son llevados ante la justicia”, señaló la organización.

HRW también llamó la atención sobre las medidas adoptadas por el Gobierno “que frustran la posibilidad de rendición de cuentas por violaciones de DD HH”. Al respecto, mencionó la sanción del Marco Jurídico para la Paz, al que calificó como “una reforma constitucional que abre la puerta a la impunidad generalizada por atrocidades cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares en caso de que se alcance un acuerdo de paz con las FARC”.

Por otra parte, advirtió sobre el comportamiento estatal durante los procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que el gobierno negó que las Fuerzas Armadas hubieran participado en atrocidades por las cuales la justicia nacional ya ha condenado a varios militares.

Así mismo, señaló las graves falencias de la desmovilización de los paramilitares, y enfatizó que “las autoridades colombianas no han contrarrestado significativamente el poder de los grupos sucesores”.

Finalmente, recordó abusos cometidos por la fuerza pública como las ejecuciones de civiles, especialmente entre los años 2004 y 2008, precisando que el número de presuntas ejecuciones ilegales “se redujo drásticamente a partir de 2009, si bien durante 2012 y 2013 se registraron algunos casos”.

(HRW, Informe mundial 2014, ene. 21/14)