El conflicto armado en el Magdalena, la presencia de las FARC, del ELN y de las AUC en la zona y los continuos hostigamientos hizo que la mayoría de los reclamantes se abstuvieran de acudir a las autoridades administrativas para el reconocimiento de su condición de víctimas, señaló un juez especializado en restitución de tierras de Santa Marta. En el caso analizado, el campesino y su núcleo familiar no figuraban en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), sin embargo, el operador judicial concluyó que esta situación no impide el reconocimiento de su carácter de víctimas. En su opinión, las declaraciones de la comunidad, la prensa local y el carácter notorio del desplazamiento son prueba suficiente de la condición. En este contexto, le ordenó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) expedir la resolución de adjudicación de un predio baldío ubicado en la vereda La Secreta del municipio de Ciénaga (Magdalena).