Detenciones arbitrarias atentan contra el derecho de reunión pacífica

En una sociedad democrática, no es aceptable que los ciudadanos sean objeto de sospechas por el lugar del que provienen o por el interés que manifiesten en determinadas posiciones políticas o ideológicas, advirtió el Consejo de Estado.

Por esta razón, concluyó que la detención de dos profesores acusados de terrorismo, concierto para delinquir y violencia contra servidor público durante una manifestación por el Día Internacional del Trabajo fue arbitraria e ilegal, y su privación de la libertad fue injusta.

En el fallo, la corporación señaló que esta lesión del derecho a la libertad supone “una grave amenaza contra el derecho fundamental de reunión y manifestación pacífica que le asiste a todos los ciudadanos”. Además, precisó que una de las formas más comunes de atentar contra el derecho de reunión es la detención ilegal o arbitraria de personas.

Por estos hechos, el Consejo declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Policía Nacional.

Dispersión de manifestaciones

La sentencia reconoce que las autoridades de policía pueden imponerles límites razonables a los manifestantes, para asegurar que sean pacíficos o para contener a los que son violentos. Del mismo modo, pueden dispersar manifestaciones que se tornan violentas u obstructivas.

No obstante, el accionar de las fuerzas de policía no debe desincentivar el derecho de reunión, sino protegerlo. Así, la dispersión de la manifestación pública debe justificarse en el deber de protección de las personas, concluyó el alto tribunal.

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 05001233100020020457501(30890), dic. 6/13, C. P. Ramiro Pazos Guerrero)

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