El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá señaló que el Decreto 564 del 2012, por el cual la Alcaldía Mayor decretó el modelo transitorio para asegurar la prestación del servicio de aseo, no configura conductas tendientes a posicionar a la ciudad como agente transgresor de la libre competencia, de los derechos de los usuarios o de abuso de la posición dominante. En concepto de la administración distrital, esta decisión dejaría sin piso jurídico el fallo del Ministerio Público que destituyó a Gustavo Petro y la investigación que sobre el caso lleva la Superintendencia de Industria y Comercio.