La Corte Constitucional declaró ajustados a la Carta Política los artículos 2º y 5º, parciales, y los capítulos 4º y 5º del Pacto de Bogotá, que habían sido demandados por el Gobierno.
Un baño colectivo en el río unirá a unos y otros, y confirmará una de las mayores virtudes de González: su talento incomparable para transmitir la fuerza de la naturaleza.
Colombia está al nivel de los países con las plataformas tecnológicas más avanzadas en la materia, como EE UU y Gran Bretaña, afirma este especialista en Derecho Penal.
Una sujeción absoluta, inopinada y acrítica respecto de la pericia convertiría al juez en un autómata y a los peritos en verdaderos decisores de la causa, advirtió el Consejo de Estado.
El artículo 138 del antiguo Código Contencioso Administrativo señala que si el acto principal es revocado se debe demandar únicamente esta última decisión.
A pesar de los costos que tiene la finalización del conflicto armado, el actual proceso de conversaciones con las FARC no está montado sobre la impunidad, afirmó el Fiscal General.
“No se trata de la historia de un par de códigos, o de unos cuantos cambios legislativos, sino de la concepción que en el tiempo hemos tenido del proceso mismo”.
El simple aumento de penas no disuade la comisión de delitos, si no va acompañado de prevención y capacidad del Estado para identificar y procesar a los responsables.
Hoy, en la Universidad Externado de Colombia, inicia el Ciclo de conversatorios nacionales y regionales sobre el proceso de paz en Colombia. Siga en vivo la transmisión de este evento.
El operador debe establecer la cuantía de los perjuicios, si encuentra que hay derecho a su reclamación, al margen del cumplimiento de la carga probatoria atribuida al demandante.
La administración no está cumpliendo con las órdenes impartidas por la Corte Constitucional para incorporar recursos, tecnología y desincentivar el desconocimiento de las garantías de los pacientes.
Quienes necesiten renovar sus visas de no inmigrante podrán completar todo el proceso de solicitud en los centros de Bogotá o Medellín, sin tener que presentarse en la embajada.
Si se derivan de un contrato financiero capitalizado como una clase de propiedad, planta y equipo, las mejoras deben incorporarse como parte del costo del activo.
La ANM y la autoridad ambiental correspondiente son las entidades facultadas para ordenar la suspensión de la actividad minera en los títulos legalmente otorgados e inscritos.
La entidad aplicó los efectos del fallo de la Corte a los regímenes establecidos en la Ley 546 de 1971 (empleados de la Rama Judicial y el Ministerio Público).
Es razonable que el ordenamiento jurídico abra la posibilidad de exceptuar ciertos tipos de acuerdos del régimen general de competencia, pero siempre bajo el control de la autoridad única de competencia.
La estructura cognitiva que soporta la fe constituye, ante todo, un mecanismo de economía, sin el cual la cultura del hombre no habría podido siquiera acercarse al nivel que hoy posee.
Al permitir la inscripción de un sinnúmero de listas para la circunscripción de minorías étnicas, la Organización Electoral vulneró directamente el artículo 263 de la Constitución.
Mientras los comisionados o inspectores no inicien sus actividades, no puede entenderse realizada la diligencia ni suspendido el término de notificación.
Los prestadores deberán hacer controles estrictos a las condiciones de confirmación, para que el usuario manifieste su voluntad de contratar el servicio.
Este mecanismo de control fiscal es importante para evolucionar de la cultura de la sanción a la de la prevención, frente a conductas que atentan contra el interés público.
Este no es un tema legislable, porque es un asunto de equilibrio entre libertad de expresión y protección de datos, afirma este miembro del Instituto de Investigación para la Justicia de Argentina.
Existen algunas dudas frente a la forma cómo se cumplirá la sentencia de la Corte IDH que rechazó la Ley de Caducidad, que, en 1986, estableció una especie de amnistía.
Quien no reconstruye adecuadamente una posición conforme a derechos y principios constitucionales es presa fácil de posiciones fundamentalistas y autoritarias.
La acción de amparo es viable entre cónyuges o compañeros permanentes, cuando la violencia en el hogar tiene tal impacto que conlleva al desconocimiento de derechos fundamentales.
Como la entidad reportante debe hacer su reporte bajo políticas uniformes, se va a encontrar con que sus empresas subordinadas están en un grupo distinto.
Los beneficios para el tratamiento físico y sicológico de las víctimas de este tipo de ataques están vigentes y no requieren ningún desarrollo normativo.
La gestión del agua es un derecho humano y un bien de uso común; por lo tanto, no puede ser considerado como un elemento aislado, sujeto al manejo de determinadas autoridades.
La entidad solicitó aclaraciones y adiciones a la sentencia que anuló la sanción de destitución e inhabilidad del exalcalde de Medellín Alonso Salazar.
Las funciones que el Estatuto Tributario le ha atribuido a ese comité impiden que sus actuaciones estén sujetas a las reglas que condicionan esta figura.
Según el Gobierno, la verdad del conflicto debe ser un instrumento real para la paz y no se puede concebir como una herramienta táctica para las negociaciones.
Sería aconsejable que la Corte Constitucional dictara una sentencia de unificación que permita aclarar el alcance del derecho a la participación efectiva de las comunidades que habitan en el entorno de un megaproyecto.
El proveedor no podrá oponerse ni solicitarle al usuario que justifique su decisión de cancelar el servicio, ni exigirle documentos o requisitos innecesarios.
A principios de marzo, la Corte Constitucional le pidió a Fiduprevisora ISS en liquidación explicar lo sucedido con 8.954 carpetas con solicitudes de pensiones que estarían extraviadas.
La competencia es un derecho colectivo y, así, forma parte de los bienes jurídicamente tutelados que pertenecen a todos pero que nadie puede apropiarse con exclusión de los demás.
Son necesarias unas averiguaciones extremadamente diligentes sobre el contexto social y político y las afectaciones causadas por el conflicto armado interno.
El presidente Juan Manuel Santos anunció que el Gobierno tomará medidas para mitigar el desastre ambiental causado desde hace tres meses en el departamento.
Según la entidad, la justicia definió clara y oportunamente las tutelas que interpusieron los ciudadanos para controvertir la sanción impuesta por el Ministerio Público.
La esterilización sin consentimiento directo de la persona que será sometida al procedimiento ha sido identificada por el derecho internacional como una forma de tortura.
Según la Corte Suprema, ningún ciudadano puede esperar que se regularice una prestación otorgada en contra del ordenamiento jurídico y en deterioro del erario.
No importa lo que digan las campañas de repudio a la corrupción y el clientelismo, pues muchos de los que las apoyan también esperan favores, becas y tamales.
No es cierto que Hegel afirme una supremacía absoluta del Estado, como lo defienden incontables interpretaciones a partir del uso irresponsable de citas sacadas de contexto.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo le solicitó a la Corte Constitucional la revisión de dos casos en los que se evidencian irregularidades en este proceso.
Además del Programa de Beneficios por Colaboración, la SIC está realizando múltiples esfuerzos para incrementar la efectividad de sus equipos investigativos.
La presentación masiva de tutelas para pedir la protección de derechos fundamentales presuntamente vulnerados por un mismo hecho ha reeditado el debate sobre la necesidad de reformar este mecanismo.
“La acción de tutela es la joya de la corona de la Constitución y un patrimonio moral de los colombianos”, afirmó el Presidente de la Corte Constitucional.
Aunque no existe un procedimiento específico sobre el tema, las entidades financieras deben cumplir las reglas mínimas previstas en la Carta Circular 117 del 2013.
El alto tribunal advirtió que los actos de violencia ejercidos en contra de las mujeres son “la manifestación más brutal de la discriminación que padecen”.
Inicialmente, señaló que la norma se había declarado exequible, pero, una semana después, indicó que el fallo fue inhibitorio. El texto de la sentencia confirmó la primera información.
El Procurador General de la Nación afirmó estar de acuerdo con una eventual reforma de la entidad, pues no tiene “ninguna actitud cerrada en esa materia”.
El alto tribunal condenó a la Nación a pagar más de 3.000 millones de pesos, como indemnización por la detención injusta de señalados de asesinar Luis Carlos Galán Sarmiento.
El hecho de que los actores implicados en el caso sean tan importantes en la familia del fútbol nos asegurará una nueva jurisprudencia, que será muy útil para el desarrollo de la rama.
Después de la tutela, será el proceso más utilizado por los usuarios de la justicia colombiana, asegura el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, capítulo Norte de Santander.
Si bien la nueva normativa se circunscribe al transporte, repercute en gran parte de los contratos y tribunales de ese importante sector en que sea parte el Estado.
Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas o las mismas de manera conjunta, caso en el cual el derecho corresponde en común a todas ellas.
Los procesos de selección de contratistas que iniciaron antes del 16 de enero del 2008 continuaron gobernados, en su ejecución y trámite, por las normas de la Ley 80.
Si bien el Estado tomó la decisión de eliminar la justicia sin rostro, debió ponderar los riesgos que, a partir de ese momento, corrían quienes habían laborado en ella.
La suscripción y pago del capital en estas sociedades puede hacerse en condiciones, proporciones y plazos más amplios respecto a lo previsto en las demás normas mercantiles.
Los alimentos excluidos del IVA que se vendan sin transformaciones o preparaciones adicionales no hacen parte de la base gravable del impuesto al consumo.
Una visita íntima en la cual se respete la dignidad humana de un recluso y de su pareja favorece la preservación de los lazos afectivos, sentimentales y sexuales.
El contenido de los programas no puede estar comprometido directa o indirectamente con terceros beneficiarios de dicha publicación, sin que le sea advertido al público.
Por regla general, las medidas de aseguramiento o penas decretadas contra uniformados deben cumplirse en cárceles especiales o en la unidad a la cual pertenecen.
La Corte Constitucional reprochó la connivencia de la institucionalidad con el deterioro de las condiciones de dignidad que vienen padeciendo los reclusos.
Algunos de los principales expertos mundiales consideran que la doctrina de la sustitución de la Constitución, fraguada por nuestra Corte Constitucional, es una estrategia idónea para hacer frente al constitucionalismo abusivo.
La norma recién sancionada es mucho más garantista que las anteriores, porque los terceros van a encontrar más y mejores mecanismos de protección para sus derechos.
De acuerdo con la URT, están pendientes de resolver 34 órdenes de compensación, en las que, por motivos de seguridad o condiciones del terreno, las familias no han podido retornar.