Un “pequeño” error judicial

Las arbitrariedades que se cometen en el procedimiento penal colombiano han sido objeto de duras críticas. Por ejemplo, para algunos expertos, el hecho de que un ciudadano solo se entere de que se adelanta una investigación en su contra el día en que lo capturan para llevarlo a una audiencia de formulación imputación no se compadece con las garantías y estándares internacionales en la materia. Mucho menos cuando la presión mediática expone al investigado al escarnio público, sin que haya tenido la oportunidad de conocer las pruebas que se ventilan en su contra, para preparar su defensa debidamente.

Como ejemplo gráfico, hace unos meses, circuló en las redes sociales la imagen de una especie de boletín del CTI, en la que se mostraba al exfutbolista Bernardo Redín, recordado volante de la selección Colombia y hoy técnico del Atlético Bucaramanga, esposado, bajo la custodia de dos agentes que, horas antes, lo habían detenido mientras dirigía a sus jugadores en un entrenamiento, por una deuda de dos millones de pesos con la administración de impuestos, que le imputaban como peculado por apropiación.

Aunque Redín no era un prófugo de la justicia, el CTI dio cuenta de que habían “logrado capturarlo”, como si se tratara de un temido delincuente dado a la fuga que debiera ser exhibido ante la opinión pública cual valioso trofeo. Apenas unas horas más tarde, el asunto se aclaró, Redín recuperó su libertad y hoy sigue trabajando honradamente con su equipo. Pero, eso sí, el daño a su imagen quedó hecho.

Claro que la colombiana es una “justicia celestial”, profundamente garantista, si se le compara con lo que ocurre en países como Pakistán. Hace unas semanas, corrió la noticia de que, allí, un bebé de apenas nueve meses de edad había sido vinculado a un proceso penal como presunto coautor de una tentativa de homicidio.

Sin reparar en que su corta edad no solo le impide valerse por sí mismo, sino, por supuesto, idear un plan criminal semejante, las autoridades pakistaníes terminaron enredando al pequeño, y a otras personas de su familia, en un caso de violencia contra la policía y funcionarios de una empresa de gas que llegaron a la residencia del menor a desconectar el servicio.

Aunque el bebé a duras penas puede levantar el tetero, quedó señalado de haber intentado lapidar a los funcionarios a ladrillazo limpio. Por eso, tuvo que comparecer ante un tribunal, donde fue reseñado, con toma de huellas digitales incluida, mientras rompía en llanto.

Los defensores del niño reprocharon que las autoridades policiales no hubieran tenido en cuenta que el artículo 82 del Código Penal pakistaní excluye de la calificación de delito los actos realizados por menores de siete años. Además, la única actuación desarrollada por el niño fue estar presente en el lugar de los hechos, mientras sus familiares la emprendían a pedradas contra los servidores. Con todo, le imputaron tentativa de homicidio y “agresión para disuadir al servidor público del cumplimiento de su deber”. Para aliviar la presión de la justicia y recuperar su libertad, el bebé y los demás implicados debieron pagar una fianza.

El Jefe de Gobierno de la provincia de Punjab, donde se presentaron los hechos, le pidió una aclaración sobre lo sucedido al inspector provincial de la policía y exigió medidas severas contra los funcionarios que procesaron al menor, incluida la suspensión del subinspector que vinculó al niño al caso. Además, constituyó un comité de investigación para estudiar el asunto.

Tras el escándalo, la justicia pakistaní decidió retirar los cargos formulados al bebé, admitiendo que fue procesado por un error de procedimiento y que, por lo tanto, no se requería su comparecencia a los tribunales.

(Fuentes: abc.es y thenews.com.pk)