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CIDH se pronuncia sobre pena de muerte en EE UU
06 de Mayo de 2014
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte agonizante de Clayton Lockett y le recordó a EE UU su obligación internacional de no imponerles penas crueles o inusitadas a las personas que están bajo su jurisdicción.
El pasado 29 de abril, Lockett, al parecer, fue indebidamente sedado y sufrió un intenso dolor, hasta fallecer de un ataque al corazón. Por ello, la CIDH le solicitó al Gobierno estadounidense y al Estado de Oklahoma realizar una investigación independiente e imparcial y suspender las ejecuciones hasta que el protocolo de ejecución del Estado haya sido íntegramente revisado.
La Comisión recibió información sobre numerosos defectos en los protocolos de inyección letal en varios Estados de EE UU, y particularmente denuncias sobre la falta de una significativa supervisión federal de los protocolos y el hecho de que las inyecciones letales sean administradas por personas sin formación en anestesiología.
A título de ejemplo, señaló que, según un informe de organizaciones de derechos humanos, en Texas, las ejecuciones están menos reguladas que la eutanasia de animales.
En este contexto, la CIDH urgió a todos los Estados que utilizan la inyección letal como método de ejecución a revelar los fármacos utilizados, su fuente, el protocolo de ejecución, la composición y la capacitación del equipo encargado de realizarla.
Sistema interamericano
La Comisión recordó que los Estados deben informarle a la persona condenada a muerte, en el momento oportuno, sobre las drogas y el método de ejecución que se utilizará, de forma que no se le impida plantear su derecho a ser ejecutada sin sufrimientos crueles e inusitados.
Además, reiteró la recomendación realizada en su informe La pena de muerte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: de restricciones a abolición, publicado en el 2012, en el que propone una supresión de este tipo de pena.
Cabe recordar que Estados Unidos es el único país del hemisferio occidental que aplica la pena capital.
(CIDH, Comunicado 49, mayo 6/14)
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