Mediante un control de advertencia, la Contraloría General de la República (CGR) indicó a los ministerios de Transporte y de Hacienda el riesgo que representa para las finanzas públicas la ejecución del Contrato de Crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para cooperar en la ejecución del programa de apoyo a la implementación de la política nacional de seguridad vial. De acuerdo con el órgano de control, el costo del servicio de la deuda constituiría un gasto ineficaz, innecesario e inoportuno, dado que la Ley 1702 del 2013 establece una nueva estructura institucional y técnica para la gestión de la política pública y asigna recursos específicos a través del Fondo Nacional de Seguridad Vial para la implementación de la citada política, la cual incluye, entre otros, los componentes de costos a que hace referencia dicho contrato. En este sentido, la contralora general, Sandra Morelli, recomendó a estos ministerios examinar la conveniencia financiera de renunciar a parte del préstamo, pagarlo anticipadamente o solicitar la modificación del cronograma de amortización, en consideración al valor de la comisión de crédito, intereses y demás valores que se causen. También, convocó a los titulares de estas carteras a tomar cuanto antes las medidas que estimen necesarias para la corrección de las situaciones señaladas, sin perjuicio de la discrecionalidad de que gozan para acoger o no las observaciones efectuadas.