Procuraduría recuerda responsabilidad del Minsalud en atención a víctimas de ataques con ácido

La Procuraduría General de la Nación le pidió al Ministerio de Salud que informe el estado de cumplimiento de las órdenes impartidas por la Ley 1639 del 2013, que consagra medidas de protección a favor de las víctimas de ataques con ácido.

Dicha norma instruye al ministerio para que, en un término no mayor a seis meses después de sancionada, cree la ruta de atención integral a las víctimas de estos ataques, para suministrar información y orientarlas acerca de los derechos, medidas y recursos con los que cuentan; los medios judiciales, administrativos y de atención en salud, y los mecanismos para proporcionar ocupación o continuidad laboral, según el caso.

“Dicha cartera ministerial también tiene la obligación de coordinar con el Ministerio de Industria y Comercio las actividades tendientes a garantizar el adecuado registro y control de venta de sustancias ácidas, alcalinas o corrosivas y de llevar un registro de las víctimas atendidas”, agregó.

La Procuraduría pidió remitir copia del registro de personas atendidas en casos de lesiones corporales causadas por estas sustancias. Además, señaló que la no reglamentación oportuna de la ley, cuyo plazo venció el 2 de enero, limita la actuación de las entidades responsables.

De otro lado, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, afirmó que no está de acuerdo con el aumento de penas para los atacantes, e indicó que se debe trabajar por afianzar los valores familiares.

Esta semana, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, explicó que la ley que incrementó las penas por ataques con ácido de 8 a 16 años es aplicable desde que fue sancionada, sin necesidad de reglamentación. Además de las penas, los beneficios para el tratamiento físico y sicológico de las víctimas de este tipo de ataques están vigentes y no requieren ningún desarrollo normativo, agregó.