El Consejo de Estado volvió a llamar la atención a las autoridades penales sobre la prudencia y ponderación necesarias en las decisiones que puedan tomar por procesos de alto impacto en la opinión; ello tras condenar a la Nación al pago de más de $ 3.000 millones por la privación injusta de la libertad de Alberto Júbiz Hazbum, a quien se le había sindicado de ser responsable del magnicidio de Luis Carlos Galán. A pesar de que la sala dio cuenta del alto grado de responsabilidad que tuvo el exdirector del DAS Miguel Maza Márquez en la vulneración del derecho al buen nombre de este y otros detenidos, también señaló a la Fiscalía de tener un alto grado de injerencia en la producción del daño. Con estas previsiones, ordenó al organismo investigador y a la Policía ofrecer excusas a los familiares de las víctimas, a través de un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Según la providencia, la forma como se produjo el perjuicio a las víctimas “provocó el odio, el desprecio público y el rechazo de esas personas” (C. P. Hernán Andrade).