Al referirse a la Sentencia C-715 del 2012, el Tribunal Superior de Bogotá señaló que la restitución de tierras es una herramienta de especial impacto, porque con ella el Estado busca poner remedio a la deuda social que de vieja data ha acumulado la sociedad frente a las víctimas del conflicto. En el caso analizado, negó una solicitud de restitución del predio “Lote-Loma” ubicado en la inspección de Alto Tillavá del municipio de Puerto Gaitán (Meta), al encontrar que la prueba de la adquisición del terreno era ilegible, pues hacía referencia a mejoras plantadas en un lote sin que mencionara explícitamente su ubicación. Por su parte, en el informe técnico de georreferenciación se dejó expresa constancia sobre la falta de certeza demostrada por el solicitante al momento de establecer los linderos y colindantes del terreno que reclamaba. En los resultados de la cartografía social y línea del tiempo no se mencionó al reclamante como víctima de los hechos de violencia producidos por la confrontación de los frentes de las FARC y los grupos de autodefensas que tuvieron injerencia en la zona. En opinión del juez, estas consideraciones hacen notar que si bien el reclamante ha podido ser víctima de desplazamiento forzado y, por ende, de abandono o despojo forzado de tierras, en el caso analizado tal condición no se aprecia clara en relación con el terreno que se reclama en restitución.