Arizona aplicaría pena de muerte por delitos relacionados con tráfico de inmigrantes

La Cámara de Representantes de Arizona aprobó, por de 35 votos contra 4, un proyecto de ley que consideraría el tráfico de inmigrantes indocumentados como un delito elegible para la pena de muerte.

El proyecto amplía los criterios de las circunstancias agravantes utilizadas para determinar si la pena de muerte debe ser impuesta. En concreto,  se expande la definición de “delito grave”, para incluir: “el participar en o ayudar a una organización de contrabando humano”.

Bajo las actuales leyes de Arizona, una persona solo puede ser sentenciada a la pena de muerte si es declarada culpable de homicidio en primer grado y los miembros del jurado encuentran al menos una circunstancia agravante asociada con el crimen.

En la actualidad, Arizona cuenta con 14 de esas circunstancias, que incluyen haber sido condenado previamente por un delito grave.

Debate en Perú

Por su parte, en Perú, el aumento de la actividad de los sicarios y las bandas de extorsionistas reabrió el debate sobre la inseguridad ciudadana, en el que, incluso, se planteó la pena de muerte, para combatir la creciente tasa de homicidios.

Según cifras de la Policía Nacional divulgadas esta semana, en lo que va de año, sicarios han asesinado a 13 personas.

El ex presidente Alan García pidió que se debata la aplicación de la pena de muerte en el país. “Creo que participo con todo el país del horror evidente ante estos múltiples asesinatos por extorsionadores, por secuestradores, por sicarios, en una mancha que se está extendiendo, multiplicando en el país y que exige evidentemente medidas muy radicales”, indicó.

Organismos de derechos humanos, políticos y representantes del Gobierno rechazaron la propuesta, tras recordar que Perú es signatario de diversos convenios internacionales.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, aseguró no estar de acuerdo “con este tipo de retornos a situaciones vinculadas con la pena de muerte”. Y el fiscal de la Nación, José Peláez, señaló que “la experiencia mundial arroja resultados negativos, ya que en los lugares donde se aplica la pena de muerte no ha habido retrocesos en la comisión de delitos”.

(Fuentes: Televisa y El Comercio)