Administrativo
Consejo de Estado pide investigaciones integrales por violaciones a DD HH por parte de las FARC
07 de Marzo de 2014
Nuevamente, el Consejo de Estado exhortó a la administración para que evalúe la posibilidad de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que evalúe el probable quebrantamiento de la Convención Americana de los Derechos Humanos por parte de las FARC.
Así mismo, compulsó copias a la Fiscalía para que investigue al máximo jefe de esa organización guerrillera, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, además de los responsables directos de una acción violenta en la que resultó secuestrada una menor.
El caso se refiere a hechos ocurridos en 1997, cuando se produjo una incursión del grupo guerrillero en el municipio de Mesetas (Meta), en la cual fue asesinada la esposa de un policía y tomada como rehén una menor de edad, hija de la víctima.
La sala recordó que los actos de violencia, vulneración y degradación de los derechos de la mujer, sean en situación de conflicto armado o no, son protegidos por los artículos 1º y 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Agregó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la violencia que se ejerce en contra de las mujeres es “la manifestación más brutal de la discriminación que padecen”.
“Las mujeres sufren un impacto diferencial de la violencia armada en la medida en que, cuando se materializan los distintos peligros generales y específicos que se ciernen sobre ellas, las sobrevivientes deben afrontar nuevas responsabilidades, serios obstáculos y graves implicaciones psicosociales que, por lo general, no están en condiciones materiales ni emocionales de afrontar”, indicó.
Por otra parte, indicó que las FARC, al tomar como rehén a la menor de edad, hija de la víctima, incurrieron en una potencial vulneración a las garantías de las cuales son titulares los niños con ocasión del conflicto armado y se trasgredió también la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes (ratificada por Colombia por la Ley 837 de 2003).
La corporación sustentó su determinación en la preservación de los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 63.1 de la Convención Americana, que obligan a investigar integralmente violaciones a los derechos humanos.
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