La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia estableció que el régimen legal aplicable a partir de ahora será el desarrollado en el estatuto civil por la infracción del acuerdo de voluntades.
Luego de su aprobación por parte del Congreso, el proyecto pasa a conciliación y será votado el texto unificado en las plenarias del Senado y la Cámara, para su posterior promulgación.
La Procuraduría General de la Nación conceptuó que el trámite dado en el Congreso a la última reforma tributaria está ajustado plenamente a la Carta Política de 1991.
Coincidencia de periodos, renuncia de gobernadores y alcaldes, “silla vacía”, inhabilidad para los alcaldes y pérdida de investidura son algunas de las materias que fueron objeto de pronunciamiento.
El fallo precisa que para resolver la tensión entre las competencias de la Nación y las entidades territoriales debe darse aplicación al artículo 288 superior.
La Corte Constitucional explicó la decisión que profirió en torno a una demanda que atacaba el aparte “y antes de presentarse la acusación”, del artículo 101 de la Ley 906 del 2004, el cual establece la suspensión y cancelación de estos registros.
Aunque no se ha definido la fecha en que será radicado ante el Congreso de la República, la Registraduría público el texto, que consta de 191 artículos.
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional también exhortó a todos los entes territoriales para que adopten políticas públicas que materialicen el derecho.
La Corte Constitucional fue contundente: el procedimiento verbal inmediato debe garantizar a los ciudadanos la efectividad de sus derechos a ser oídos, a la defensa y a la contradicción.
Según la ponencia para cuarto debate, las asambleas o consejos de administración de las propiedades horizontales podrán regular la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, sustancias sicoactivas o prohibidas en zonas comunes.
El fallo asegura que este tipo de trabajadores gozan de todas las garantías establecidas en la legislación laboral, lo cual incluye el disfrute de los derechos sindicales.
Una sala de descongestión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recuerda los efectos constitucionales de la inexequibilidad de esa sanción.
Según los demandantes, esta disposición iba en contra de los derechos fundamentales de las víctimas a la justicia, a la reparación y al acceso efectivo a la administración de justicia.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado advirtió que resultan inaplicables las disposiciones incluidas en los ordenamientos municipales que reproducen la disposición de la Ley 14 de 1983.
Las reglas de procedimiento de la jurisdicción especial para la paz (JEP) definen el paso a paso para expulsar del sistema y devolver a la justicia ordinaria los procesos de quienes incumplan el acuerdo de paz.
Mientras el alto tribunal manifestó que una prohibición amplia y genérica no es razonable, el Distrito Capital restringiría el consumo en un radio de 200 metros alrededor de instituciones educativas.
Alguno de los profesionales del Derecho argumentó, sin sonrojo alguno, que los desembolsos indebidos se habían realizado con el propósito de lograr la transparencia del contrato, es decir, se pagó una dádiva “corrupta” para evitar la “corrupción”.
Este importante funcionario es elegido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos.
Si bien se declaró inhibida para analizar los cargos de inconstitucionalidad contra el nuevo sistema de tributación, realizó algunas precisiones respecto a la integración del ICA.
En primer lugar, resaltó que los páramos son objeto de especial protección constitucional y que la protección del medio ambiente y de la biodiversidad son una prioridad y un interés superior en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos en la materia.
Los jueces deben aplicar la interpretación más beneficiosa para el trabajador, en virtud de los principios de favorabilidad e in dubio pro operario, en materia laboral.
Una acción de inconstitucionalidad atacaba el artículo 10 de la Ley 1805 del 2016, por violar los derechos a la salud, a la igualdad y a la no discriminación con fundamento en el origen nacional.
Una circular del Ministerio del Trabajo contiene los lineamientos institucionales para determinar los criterios a tener en cuenta por parte de los inspectores de trabajo.
Se dieron a conocer los primeros detalles de la decisión que profirió la Corte constitucional en torno a una demanda que atacaba el numeral 10 del artículo 594 del Código General del Proceso.
También incluye como obligatoria de la biometría en todos los puestos de votación, transporte público gratuito para los votantes y disminución de 6 a 5 en el número de los jurados.
La Corte Constitucional, a través de reciente comunicado de prensa, dio a conocer la decisión que profirió en torno a una demanda que atacaba la totalidad del artículo 32 de la Ley 1915 del 2018.
Conozca la más reciente modificación a la Ley 743 del 2002, que desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política en lo referente a los organismos de acción comunal.
Esta acción pública comporta un juicio de naturaleza ética que tiene como propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de cuerpos colegiados.
Ya se cumplieron los primeros 365 días del mandato del presidente de la República, Iván Duque. Hacemos un balance tanto de los traspiés que ha sufrido como de las victorias que ha conseguido en estas materias.
Este alto tribunal, a través de su habitual comunicado de prensa, dio a conocer los condicionamientos respecto de algunas normas de la Ley 1114 del 2006 y del Código de Policía.
La decisión de negar o aceptar el traslado solicitado debe basarse en criterios objetivos, concretos y razonados, precisó recientemente la Corte Constitucional.
Existen circunstancias excepcionales en las que negar el retiro por parte de un tercero pueden atentar contra el mínimo vital y la vida digna del pensionado y su núcleo familiar.
La Corte Constitucional explicó que el derecho de inspección u otros instrumentos como la exhibición de libros o documentos no excluyen el ejercicio del derecho de petición.
La Corte Constitucional condicionó la exequibilidad del numeral 10 del artículo 594 del Código General del Proceso, con el objeto de hacer efectivo el derecho a la igualdad.
Se reclaman vicios de forma en todo el PND, por vulneración de principios de publicidad, de consecutividad y no cumplimiento de las normas orgánicas y también cargos específicos por trasgresión al principio de unidad de materia.