El Consejo de Estado condenó al Ejército Nacional y al Ministerio de Defensa por la muerte de un niño y las heridas a otro menor de edad producidas por la explosión de una granada en una hacienda avícola de Sabanalarga (Atlántico). Para la alta corte, está probado que las autoridades accionadas incurrieron en una falla en el servicio, consistente en el desconocimiento de los deberes que el ordenamiento interno y el derecho internacional humanitario le imponen a la fuerza pública para cuidar y custodiar las armas y municiones asignadas para el cumplimiento de sus funciones constitucionales  (C. P. Jaime Enrique Rodríguez).