El Consejo de Estado ratificó la orden judicial impartida al municipio de Pereira, las autoridades carcelarias y el Gobierno Nacional para solucionar los problemas de hacinamiento, salubridad y violación de derechos e intereses colectivos de los que vienen siendo víctimas los reclusos de la “Cárcel 40”, el reclusorio de mujeres de Pereira “La Badea” y el de varones de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). De esta manera, el alto tribunal ratificó la acción popular por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda protegió los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y salubridad públicas que invocaron los detenidos. Se evidenciaron problemas en el suministro de agua; en el funcionamiento de los sanitarios; presencia de plagas de insectos y roedores; problemas de discriminación por motivos de orientación sexual y diversidad de género; déficit en atención en salud y de seguridad, ocasionada por continuas riñas, entre otras dificultades provenientes de la crisis que se vive en estos penales (C. P. Roberto Augusto Serrato).