El Consejo de Estado negó la demanda mediante la cual un exfuncionario de la Defensoría del Pueblo pretendía que se dejaran sin efectos la destitución e inhabilidad de 12 años impuesta por exigir $ 500 mil a una ciudadana a cambio de elaborar una solicitud de insistencia de revisión de una tutela ante la Corte Constitucional. Según la queja disciplinaria que dio lugar a la sanción, el exservidor exigió los dineros a cambio de comprometerse en la elaboración del escrito que contendría el recurso y de promover un encuentro entre la tutelante y el entonces presidente de la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto, reunión que no se produjo  (C. P. Carmelo Perdomo).