El Consejo de Estado negó recientemente las pretensiones de una demanda que buscaba que se declarara la nulidad por inconstitucionalidad de la norma que creó el cargo de auditor en el Distrito Capital y la autoridad encargada de su designación (inciso final del artículo 105 del Estatuto Orgánico de Bogotá). Para la Corporación, dado que con esta disposición no se establece un control asignado únicamente a la Auditoría General de la República, la norma demandada no estaría desconociendo el control fiscal de segundo nivel contenido en la Constitución Política. Además, la Sala consideró que la norma no fue expedida con falta de competencia, ya que la Constitución habilita al Gobierno para regular el régimen fiscal del Distrito Capital.