La Corte Constitucional admitió recientemente una demanda que ataca, principalmente, la expresión “los contralores impondrán multas a los servidores y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco salarios devengados por el sancionado”, prevista en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993.  Según el concepto del demandante, dicha expresión desconoce los requisitos constitucionales del debido proceso del artículo 29 de la Constitución, “en tanto no contempla criterios de graduación de la sanción y lo deja al absoluto árbitrio del contralor que la impone”. Encuentre en el documento adjunto las demás expresiones que  fueron demandadas del artículo acusado.