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Balance del Gobierno Duque en materia legislativa y de justicia

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Balance del Gobierno Duque en materia legislativa y de justicia  (Presidencia)

Este primer año de Gobierno de Iván Duque no ha sido muy nutrido en materia legislativa, pues, si bien se la ha jugado con proyectos y reformas trascendentales, estas no han tenido las  mayorías necesarias para su trámite y posterior aprobación. 

 

Según el reporte de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre el balance Legislatura 2018-2019, el 65 % de los proyectos radicados fueron archivados por términos o por decisión del Congreso, mientras que solo el 9 % cumplió con todos los trámites para ser aprobados. “El balance de la legislatura es pobre en términos de reformas políticos-electorales, en tanto los grandes proyectos, como reforma política, ley de garantías y reforma a procedimientos electorales, perdieron el apoyo del Congreso y en parte del Gobierno”.

 

Así, el Ejecutivo radicó varias iniciativas de reforma a la Constitución Política, relacionadas con el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, una reforma política, otra propuesta para hacer pública la declaración de renta de los servidores públicos y la limitación de permanencia en los cuerpos colegiados de elección directa.

 

Además, radicó un proyecto de ley para hacer obligatorios los pliegos de tipo en toda licitación pública y evitar la manipulación y el direccionamiento de las licitaciones en la contratación. La iniciativa, que modificaría el artículo 4º de la Ley 1882 del 2018, fue aprobado recientemente en la Comisión Primera del Senado.

 

Desafortunadamente, el impulso que se preveía para los proyectos se fue diluyendo y surgieron las críticas de los promotores de la consulta, a lo que el Gobierno respondió con mensaje de urgencia y su compromiso para que no se archiven las propuestas. Algo definitivo fue el hundimiento de la propuesta que imponía un límite a los salarios de los congresistas y la restricción a tres periodos para funcionarios de elección popular.

 

Ahora bien, la reforma política no terminó su trámite, ya que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, le retiró el apoyo por quedar “a mitad de camino, porque se aprobó el informe con el que termina la ponencia, pero había que votar en el articulado dos figuras importantísimas: la lista cerrada para acabar con la ‘corruptela’ en la política y la participación del 50 % de las mujeres en política”.

 

Por otra parte, el proyecto anticorrupción que buscaba levantar la reserva de la declaración de renta de todos los servidores públicos se hundió en la Cámara de Representantes.

 

Igualmente, se presentó el proyecto de acto legislativo 038/19S, que complementaría el artículo 44 de la Constitución, para que los delitos sexuales contra niños sean juzgados únicamente en la justicia ordinaria. Esta propuesta fue presentada por la entonces ministra de Justicia, Gloria María Borrero, la cual está pendiente de surtir sus últimos cuatro debates en el Congreso.

 

 

Dentro de lo aprobado

 

 

El pasado 29 de junio, el presidente Iván Duque hizo un balance de lo aprobado en la legislatura que finalizaba, destacando que “para beneficio de los colombianos” las iniciativas fueron tramitadas privilegiando el debate y la deliberación, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

 

“Eso muestra que sí se pueden sacar leyes en Colombia teniendo un relacionamiento transparente con el Congreso, donde se prefiere el debate y la deliberación, a lo que antes eran las aplanadoras construidas con las mieles del erario público”, señaló el mandatario durante el Taller Construyendo País #34 realizado en Puerto Carreño, Vichada.

 

Ley de financiamiento (Ley 1943 del 2018)

La reforma tributaria o Ley de Financiamiento, compuesta por 123 artículos. Dentro de lo establecido se destaca la reducción gradual de la tarifa de renta del 33 % al 30 %, en los próximos cuatros años. En cuanto a deducción de impuestos pagados, se permitirá el descuento del IVA por la inversión en bienes de capital a partir del año gravable 2019.

 

Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 del 2019)

La Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que contiene 336 artículos, fue sancionada por el presidente Iván Duque durante el Taller ‘Construyendo País’ # 32 en Valledupar. El plan se basa en los siguientes pactos estructurales: legalidad, emprendimiento y equidad. Al pacto por la equidad se destinan $ 510,1 billones; al pacto por la legalidad, $ 132,7 billones, y al pacto por el emprendimiento, $ 27,1 billones. El plan de inversiones públicas será de $ 1.096 billones, incluyendo el plan plurianual de inversiones para la paz, el cual se estima en $ 37,1 billones.

 

Ley de Presupuesto para el 2019 (Ley 1940 del 2018)

La ley fijó en $ 258,9 billones el monto del presupuesto general de la Nación para el 2019. Cabe recordar que, de acuerdo con el Gobierno, se destinan $ 160,2 billones para funcionamiento, un incremento de 9,3 %, y $ 46,8 billones para inversión, 20 % más que en el presupuesto del 2018. Para salud y protección social se dispusieron $ 32,3 billones, un incremento del 30 % frente al año anterior, y $ 11,7 billones para inclusión social y reconciliación, $ 570 mil millones más que en el presupuesto del 2018.

 

Narcotráfico y secuestros sin conexidad con delitos políticos (Acto Legislativo 02 del 2019)

El Gobierno promulgó el acto legislativo que adiciona un inciso y un parágrafo al numeral 17 del artículo 150 de la Constitución Política. Con esta reforma, en ningún caso el delito de secuestro ni los delitos relacionados con la fabricación, tráfico o porte de estupefacientes serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, lo que significa que no serán objeto de indulto o amnistía en eventuales negociaciones con grupos armados.

 

Ley que moderniza las TIC (Ley 1978 del 2019)

El Gobierno sancionó la Ley de Modernización del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), con la cual busca mejorar el actual sistema y adoptar acciones que contribuyan a disminuir la brecha digital, aumentando la cobertura de internet en estratos socioeconómicos bajos y en zonas rurales. Son 51 artículos que brindan las herramientas necesarias para incentivar la inversión privada en el sector, generar certeza jurídica y facilitar el despliegue de infraestructura de alto costo (última milla).

 

Mayores controles al sistema de salud (Ley 1966 del 2019)

El Ejecutivo adopta medidas a fin de mejorar la transparencia, vigilancia, control y aplicación del uso de los recursos financieros del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La norma plantea mayor control a través de la unificación de los sistemas de información de gestión financiera y asistencial, la publicación de información esencial para el control social y rendición de cuentas de los agentes del sector.

 

Igualmente, el mandatario se atribuyó como suyas otras leyes sancionadas recientemente, pero que ya venían haciendo tránsito en el legislativo desde antes de su llegada a la Casa de Nariño, tales como el Ministerio del Deporte, la Ley contra el Abigeato, la Ley de Vehículos Eléctricos y  Ley de Veteranos.

 

 

Justicia

 

 

En materia de justicia, el Gobierno Duque ha tenido duros traspiés, como, por ejemplo, que su primera reforma estructural a la justicia, impulsada por la exministra Borrero, no contara con el apoyo del Legislativo. Algunos sectores la tildaban como  una “iniciativa para las grandes élites”.

 

Así mismo, la derrota jurídica que tuvo el Gobierno con las objeciones al proyecto de ley estatutaria de la JEP, en tanto se formularon seis reparos a esta normativa, los cuales no tuvieron apoyo ni del Senado ni de la Cámara de Representantes.

 

Las normas objetadas se relacionaban con la reparación integral (art. 7º), los listados de desmovilizados (art. 63, inc. octavo), la facultad de investigación de la Fiscalía General (art. 79, inciso tercero, literal j), el ejercicio de la acción penal (art. 19, par. 2º), la extradición (art. 150) y el ofrecimiento de verdad (art. 153).

 

Así las cosas, la Corte Constitucional rechazó totalmente las objeciones, pues, en su concepto, sí se logró la votación necesaria en el Congreso para archivarlas. Ante la decisión, el jefe de Estado sancionó  esta  trascendental normativa estatutaria para la justicia transicional. (Lea: Duque acata orden de sancionar ley estatutaria de la JEP)

 

Vale la pena decir que una de las políticas de Duque ha sido, sin duda, la prevención del narcotráfico, por esa razón, en diferentes momentos ha anunciado la necesidad de que el país vuelva a las aspersiones con glifosato sobre cultivos ilícitos.

 

Sin embargo, hace unas semanas, la misma Corporación constitucional, a través de un auto de seguimiento de tutela, reiteró y precisó los términos de la  Sentencia T-236 del 2017, en relación con las condiciones que debe cumplir el Gobierno para poder reanudar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el mencionado método.

 

Advirtió que aun cuando el Gobierno ha adelantado gestiones en relación con el proceso consultivo con las mencionadas comunidades, es necesario continuarlo y concluirlo siguiendo las reglas fijadas por su jurisprudencia.

 

Esto implica que, en el evento de no alcanzarse un acuerdo, será el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), junto con los representantes de las principales autoridades étnicas de Colombia, los que determinen en la respectiva región el grado de afectación de la implementación de dicho programa de erradicación, bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

 

 

Nuevo comienzo

 

 

Justo al comienzo de esta nueva legislatura, la nueva ministra de Justicia, la exmagistrada Margarita Cabello, radicó distintos proyectos en esta importante materia para cualquier Administración, los cuales han tenido una importante aceptación en la comunidad jurídica:

 

Cadena perpetua para abusadores de menores

Busca implantar la pena de prisión perpetua para quienes cometan delitos graves contra los niños.  De acuerdo con el texto de la propuesta de reforma, se modificaría el artículo 34 de la Constitución Política, para indicar: “De manera excepcional, cuando se cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menores de 14 años, se puede poner hasta la primera de prisión perpetua”.

 

Como se ve, no solo se trata de castigar el abuso sexual cometido contra menores, también su secuestro, tortura u homicidio. En el texto se plantea que, en todo caso, la pena será revisable en un plazo de 30 años.

 

Cambios en los consultorios jurídicos

El ambicioso proyecto busca reformar el régimen de los consultorios jurídicos. La iniciativa apunta a dos objetivos: robustecer la formación de los abogados en la etapa de aprendizaje práctico, a través de la ampliación de los servicios ofertados por los consultorios, que comprendan asesoría, representación judicial y conciliación extrajudicial e incorporando la pedagogía y el litigio estratégico; así mismo, mejorar los estándares de acceso a la administración de justicia de la población vulnerable, no solo en condición de pobreza, a fin de que puedan contar con la asistencia y representación de personas con la formación jurídica necesaria para atender sus requerimientos más urgentes.

 

Reforma al CPACA

Se buscan reformar 48 artículos al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con el objetivo de fortalecer las primeras instancias, la función unificadora del Consejo de Estado y agilizar los procesos. Contiene medidas que tienden a redistribuir competencias, para que el mayor número de asuntos de primera y única instancia sea conocido y fallado por los despachos judiciales (juzgados y tribunales) que están más cerca al ciudadano.

 

Regulación al arbitraje social gratuito

Se intenta modificar el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (Ley 1563 del 2012), con el objetivo de dar celeridad a la etapa prearbitral, proveer de claridad a las reglas probatorias, brindar transparencia en la designación de árbitros, impulsar al arbitraje internacional y garantizar el acceso de este mecanismo a las mayorías, a través de la regulación del arbitraje social gratuito.

 

Pero también facilitar el acceso mayoritario de los ciudadanos al mecanismo y, de esa forma, ampliar su cobertura territorial y poblacional. Para esto se propone como deber de los centros de arbitraje la promoción del acceso a la prestación gratuita del servicio para la resolución de controversias de hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), sin perjuicio de poder continuar accediendo a estos lugares cuando las cuantías resulten superiores.

 

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