La Corte Constitucional declaró improcedente la acción de tutela de un brigadier general en retiro a quien le fue reconocido el beneficio de libertad por parte de la JEP y que pretendía, por la justicia constitucional, el levantamiento de la sanción de interdicción de derechos y funciones públicas. Lo anterior en razón a la garantía del juez natural como componente esencial del derecho al debido proceso y por el fuero de atracción o de competencia obligatoria y prevalente del modelo de justicia transicional, previsto en el artículo transitorio 6° del Acto Legislativo 01 del 2017 (M. P. Luis Guillermo Guerrero).