La Corte Constitucional admitió una demanda en contra del artículo 29 (parcial) de la Ley 1454 del 2011, que establece normas orgánicas sobre ordenamiento territorial, por la presunta restricción y limitación injustificada de la facultad constitucional de los concejos municipales y distritales para ejercer su función de reglamentar el uso del suelo. En efecto, la disposición atribuye competencia a los departamentos para establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad, o porciones específicas, de su territorio, especialmente en áreas de conurbación, con el fin de determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio. Según los demandantes, esa potestad desborda la facultad legislativa (demandantes: Milton José Pereira y otro).