El Consejo de Estado ratificó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de reducir el valor de la pensión de un excongresista al tope de 25 salarios mínimos mensuales vigentes. El beneficiario de la mesada había interpuesto un recurso de apelación contra esta decisión, al considerar que la decisión de instancia no podía ordenar la reliquidación porque ese examen no había sido solicitado en la demanda. El alto tribunal señaló que incluso frente a las pensiones reconocidas antes de haberse fijado este tope en materia de pensiones de legisladores el Fondo de Previsión Social del Congreso estaba obligado a efectuar el recorte, porque así lo señaló la Corte Constitucional. De ahí haya considerado que en este caso era procedente ordenar la reducción (C. P. William Hernández).