Una providencia reciente de la Sección Segunda del Consejo de Estado le insiste al Gobierno Nacional que cuando incremente una prima de actividad para funcionarios públicos debe tener en cuenta los respectivos mandatos constitucionales para tal fin. Lo anterior, siguiendo los principios, por ejemplo, que al mismo trabajo corresponde el mismo salario. Así mismo, debe sujetarse a la racionalización y disponibilidad de los recursos públicos, así como la naturaleza de los cargos y las funciones, como lo señala la Ley 4° de 1992 (C. P. William Hernández).