La facultad de las entidades territoriales de simplificar los procedimientos está circunscrita a la potestad de disminuir el monto de las sanciones y a la de simplificar el término de la aplicación de los procedimientos.
Así lo dijo la Corte Suprema de Justicia al negarse a casar una sentencia en la que se absolvía a Ecopetrol y a otra compañía de las consecuencias patrimoniales y jurídicas por el despido colectivo de trabajadores.
La Universidad Externado de Colombia publicó el libro que recopila las ponencias presentadas durante las XIX Jornadas internacionales de Derecho Administrativo.
Este procedimiento se debe ir depurando, a medida que avancen los casos y, sobre todo, según la jurisprudencia del Consejo de Estado lo vaya delineando.
Este proyecto de la Fiscalía busca modificar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Se crearía el delito de manipulación fraudulenta de reparto y actuaciones procesales, y se modificará la omisión de denuncia de particular y el de...
“... una cosa es el riesgo como hecho físico por algo que genera posibilidades más menos altas de causar un daño. Y otra (...) es el concepto jurídico de riesgo como fuente de responsabilidad objetiva”.
De lo contrario, una decisión de ponente podría invalidar temporalmente los efectos de una decisión adoptada por las salas, secciones o subsecciones del Consejo de Estado.
Para los compradores, usar el Secop II se traduce en diligenciar un maremágnum de pasos repartidos entre la creación del proceso y la generación del contrato.
La modificación incorporada por la Ley 1882 del 2018 buscó solucionar un cuello de botella que se viene presentando con ocasión de las conductas conocidas de Odebrecht.
El Consejo de Estado encontró configurada la responsabilidad estatal bajo el régimen objetivo de responsabilidad y el título de imputación de riesgo excepcional.
El presidente Iván Duque incluyó el nombre del abogado Gilberto Orozco Orozco en la terna para la selección del fiscal ad hoc, en remplazo de la magistrada Margarita Cabello Blanco.
En Colombia, nadie está exento de una investigación, una denuncia y, peor que ello, de una medida de aseguramiento. Acá el carcelazo no se le niega a nadie.
La Sección Tercera encontró acreditada la pérdida de oportunidad de la demandante por la demora injustificada en los trámites judiciales que inició, producto de las agresiones que padeció.
El presidente Duque anunció que reintegrará la terna. Ya existe un antecedente sobre este asunto, cuando uno de los ternados no fue tenido en cuenta en la siguiente postulación y, por esa razón, demandó al Estado.
No se puede establecer como regla general que el término de caducidad se compute a partir del día siguiente de la notificación del acto de ejecución de la sanción, advierte un fallo.
La Sección Segunda del Consejo de Estado recuerda cuál fue el objetivo el legislador para instituir esta figura y, también, cuáles son sus prohibiciones.
Dicha terna la complementan los juristas: Leonardo Espinosa Quintero y Clara María González Zabala. La Sala Plena de la Corte Suprema continúa escuchando a los demás aspirantes.
Según la Sala Plena del Consejo de Estado, no es posible desconocer la potestad que les asiste a las altas cortes para efectuar cambios de jurisprudencia.
La Sección Segunda del Consejo de Estado admite la validez y credibilidad que transmiten, pero advierte de la importancia de efectuar algunas prevenciones.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado aclara, entre otras cosas, cuál es la entidad competente para aplazar los actos administrativos que determinan y clausuran el avalúo.
Este fue el principal problema jurídico en un recurso de súplica presentado contra la decisión de rechazar parcialmente la reforma de la demanda contra la elección de los senadores de la República del periodo 2018-2022.
La Corte Constitucional recordó estos elementos en el fallo que negó el amparo solicitado por la ANT en contra de una decisión originada en un proceso reivindicatorio.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado aclaró que la jurisdicción de lo contencioso administrativo sí puede conocer las acciones en contra de estos organismos.
El presidente Duque entregó a la Corte Suprema Justicia la terna para elección de Fiscal ad hoc. Se espera que la elección del alto tribunal se dé este mismo jueves.
La Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado dio por finalizada la discusión suscitada por la disparidad de criterios que se ha dado entre subsecciones.
Una providencia precisó que el delito de abuso de función pública hace parte de los tipos penales en blanco, en tanto el supuesto de hecho regulado en la disposición remite a una norma extrapenal.
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudió el caso de una exservidora judicial a quien a través de fallos judiciales le reconocieron la pensión de vejez y su reliquidación, motivo por el cual la UGPP interpuso tutela para dejarlas sin efecto.
Conozca el estado de las sedes judiciales a hoy, 26 de noviembre. No hay ningún acercamiento todavía entre los funcionarios judiciales y el Consejo Superior.
La decisión se tomó bajo el régimen laboral propio de las empresas industriales y comerciales del Estado, pese a que en la actualidad no existe normativa que indique su real naturaleza jurídica.
La Sección Primera resolvió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la Contraloría Distrital de Bogotá contra el auto proferido por un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La Sección Tercera negó las pretensiones de una demanda al encontrar acreditado el consentimiento del demandante en el procedimiento realizado por la autoridad.
La Sala Plena consideró que la ampliación de 65 a 70 años de la edad de retiro forzoso para servidores no afecta el relevo generacional y que, por el contrario, contribuye al sostenimiento del sistema pensional.
Según una demanda, existe entre las disposiciones que regulan esta figura de la legislación civil y el artículo 180, numeral 6°, del CPACA una discriminación injustificada, sin que se vislumbre un fin constitucionalmente legítimo que justifique tal diferencia.
En reciente concepto, Minhacienda explicó los elementos de la valorización y la posibilidad de demandar estas disposiciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
El Consejo de Estado advirtió que el Ejército Nacional incurrió en falla del servicio por desatender varios deberes constitucionales, legales y convencionales.
Es lógico y necesario que la administración (contratante) siempre tenga herramientas efectivas y céleres frente a sus contratistas, así estos sean entidades estatales.
La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la improcedencia de las consultas populares para decidir asuntos mineros, y exhortó al Congreso para crear mecanismos de participación diferentes.
El autor acude a las reconocidas definiciones de pensadores, a épocas históricas como la Revolución Francesa, a documentos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano para hablar sobre la materia.