El fin de la era Ser Pilo Paga

Edgar Hernán Fuentes Contreras

Director de Derecho Público de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Con la meta inicial de alcanzar los 40.000 estudiantes beneficiarios, el programa Ser Pilo Paga (SPP) auguraba una época dorada para la educación colombiana, y para aquellos educandos que fuesen favorecidos. No obstante, en muchos aspectos, el programa había nacido para no ser duradero. Desde los primeros momentos fue notorio que su estructuración dependería de labores equilibristas, más que de una real política pública sostenible.

Aunque, con buenas intenciones, si se hubiese querido su perdurabilidad, no había lugar para ella y menos, mucho menos, si se esperaba la ausencia de un saldo rojo creciente. Los parámetros de asignación, los requisitos para las universidades y la redistribución de la inversión hacían que el programa naciese destinado a la extinción. Tarde o temprano, la ganancia política obtenida decaería frente a lo inviable de su sostenimiento y solo se convertiría en un problema para el Gobierno que asumiera con franqueza la realidad. Al final, su entusiasta puesta en práctica ponía en marcha un juego donde el principal perdedor sería quien se quedara con la bola. Lo cierto es que ni siquiera el final del conflicto podía solucionarlo, dado que el impacto en la inversión social no podía ser inmediato: la implementación de la paz también tiene su costo. Dichas razones, entre otras, hacían que SPP naciese con límites temporales nada sofisticados y más bien dependientes de la decisión de quien estaba dispuesto a cargar con su clausura.

Con todo, también debe admitirse que entre las bondades del programa está el potencial generado en el acceso a la educación, lo cual lo hizo en diversos aspectos deseable —y seguramente va a ser añorado—. Esto debido a que, por ejemplo, la mayor parte de los estudiantes beneficiarios vieron cómo este programa les prometió y ofreció cambiar su proyección académica y futuro profesional, al tiempo que les concedía la posibilidad de cambiar percepciones disímiles. Y es que, realmente, los beneficiarios no se reducían a aquellos que obtenían el reconocimiento del programa, sino a las propias comunidades universitarias, que se enfrentaron con realidades diferentes y asumieron el reto de ir más allá de las aulas de clase y aprender en el intento formativo.

De esta manera, SPP no solo era un sistema de acceso a cierta fracción del universo de la educación superior, sino un acceso a la integración, el fortalecimiento y el cambio de los paradigmas instructivos imperantes en nuestro país. Justamente, los pilos fueron capaces de trasformar su realidad e, igualmente, lo hicieron con la realidad nacional. En cuatro años, no hubo momento en que este programa no fuera tema de discusión: se podía estar a favor o en contra de él, pero no se podía ser indiferente, y seguramente será así por un tiempo adicional, a la espera de claridad respecto a qué será ofrecido como nueva política de acceso a la educación superior.

De cualquier forma, parece aún demasiado pronto para hacer un diagnóstico certero sobre las metas que se alcanzaron, dado que, como todo proyecto a largo plazo, sus frutos solo podrán ser percibidos plenamente cuando los aún hoy estudiantes sean profesionales y materialicen la inversión que realizó el Estado y la sociedad en ellos. Así veremos qué tanto este programa de corta duración fue efectivo para que la trasformación personal y universitaria sea vista como una modificación social.

Mientras tanto, la despedida de SPP impone un reto de alta complejidad al nuevo Gobierno, en el que no solo le bastarán las buenas intenciones, sino la búsqueda de un equilibrio entre el acceso a la educación, el fortalecimiento de las instituciones —tanto públicas como privadas—, la alta calidad, la competitividad y el manejo responsable del presupuesto nacional. De ahí la importancia de que el nuevo programa que se plantee reconozca los beneficios obtenidos de SPP y establezca una fórmula acorde con el principio de progresividad y no regresividad, reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 26. Sabemos de antemano que no cualquier política será viable ni posible, en términos constitucionales y convencionales, pues la improvisación puede convertirse en otra especie que nació destinada a la extinción, porque, siguiendo a Darwin, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta.