El Consejo de Estado hizo un severo llamado de atención a las entidades públicas por la falta de vigilancia y control de la actividad procesal como actores en la interposición de la acción de repetición, la cual pretende establecer la responsabilidad de sus agentes y la recuperación de los dineros de naturaleza pública. Lo anterior teniendo en cuenta la manera descuidada y poco diligente que se observa en la presentación de este tipo de demandas, en las cuales no se acredita cabalmente el cumplimiento de los requisitos esenciales para la prosperidad de dicha acción, esto es, la calidad del agente, la condena, conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos, el pago efectivo y, por último, el dolo o culpa grave del servidor público, a pesar de la reiterada jurisprudencia de la corporación en la materia. Vale la pena decir que en el caso concreto objeto de estudio la entidad implicada fue la Fiscalía General de la Nación (C. P. Jaime Orlando Santofimio).