La Sección Tercera del Consejo de Estado estudió el caso de un agricultor que perdió sus cultivos de pancoger y los árboles frutales producto de una fumigación aérea con glifosato para erradicar cultivos ilícitos en el corregimiento de San José de Guare, municipio de Guapi, realizada por la Policía Nacional. La corporación encontró extracontractual y patrimonialmente responsable al Estado bajo el régimen objetivo y el título de riesgo excepcional, ya que dicha actividad generó un riesgo para la salud humana y para la vegetación. Es decir, “quien crea un riesgo con la ejecución de una actividad lícita debe reparar los daños antijurídicos que cause sin que sea necesario acreditar que incumplió con los deberes de cuidado que le eran exigibles”. Consulte en la sentencia la liquidación de perjuicios y la valoración probatoria (C. P. Jaime Enrique Rodríguez).